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@Noudiari/ El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha realizado esta mañana su alegato final en el juicio del caso Scala y ha pedido un total de 21 años de prisión para el exconseller de Comercio, el ibicenco José Juan Cardona, a quien considera como el “jefe de una banda organizada” cuyo objetivo era desviar “enormes cantidades de dinero público” a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB).
Horrach ha calificado la actuación de Cardona al frente de la consellería como un “ejemplo de lo que es comportamiento continuado de corrupción” y ha asegurado que resulta prácticamente imposible “relatar los miles de actos delictivos que se realizaron durante esos cuatro años”, aunque ha desgranado 31 indicios que, según su criterio, son “claros y objetivos” y que demostrarían el desvío de un total de 8 millones de euros.
Críticas al PP por su poca cooperación con la justicia
En su alegato final, Horrach ha criticado durísimamente la actitud adoptada por el Partido Popular de Balears durante la instrucción de este caso, y ha lamentado que se haya dudado del trabajo, la honestidad y la buena fe de la fiscalía y de los instructores: “Continuamente se ha invocado a una persecución de la fiscalía contra el PP con el objetivo de que este mensaje cale en la sociedad”, y ha calificado este argumento como de “teoría de la conspiración”.
Horrach también ha criticado la escasa colaboración con la justicia de los populares, y ha recordado las durísimas críticas que han dirigido contra la exgerente del Consorcio, Antònia Ordinas, precisamente la única de las acusadas que desde el primer momento se mostró dispuesta a colaborar con la justicia. Horrach ha ejemplificado esta “connivencia” del PP con la corrupción con una escena que se produjo durante el registro de la vivienda del exdirector general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, en la que se presentó el exdelegado del Gobierno en Baleares y actualmente diputado del PP en el Congreso Miquel Ramis: “llegó para dar ánimos al señor Viaene y insistió en permanecer junto a él durante el registro, y cuando se le dijo que eso no era posible ni legal, intentó hacer valer su condición de delegado del Gobierno”.
