La entidad Aliança per l’Aigua ha respondido formalmente al escrito del Ayuntamiento de Sant Josep que reclamaba una rectificación pública sobre los datos de calidad del agua publicados en el marco del Informe Anual 2025 del Observatorio del Agua de las Illes Balears.
La entidad mantiene que los datos publicados proceden del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), el sistema oficial del Ministerio de Sanidad, y que su difusión constituye un ejercicio legítimo del derecho a la información ambiental y sanitaria de interés público.
La polémica surgió a raíz de la publicación por parte de la Aliança per l’Aigua del avance de su informe anual sobre la calidad del agua de consumo humano en las Illes Balears.
Para el municipio de Sant Josep de sa Talaia, el informe identificaba dos zonas con incumplimientos: Cala de Bou-Port des Torrent, que registró en julio de 2025 niveles de bromato por encima del valor paramétrico, y Sant Josep Zona I, con incumplimientos recurrentes desde 2016.
El Ayuntamiento respondió con un escrito pidiendo una rectificación pública, alegando que la muestra de Cala de Bou correspondía a una «muestra corrupta» invalidada por una contraprueba posterior.
La Alianza por el Agua subraya que los datos publicados no los ha elaborado la entidad, sino que figuran en el SINAC, el sistema administrado y gestionado por el propio Ministerio de Sanidad, donde los operadores, los ayuntamientos, la Conselleria de Salud del Govern de les Illes Balears y el Ministerio de Sanidad son los responsables de la actualidad y veracidad de la información que consta en él.
En el momento de elaborar el informe, la incidencia de Cala de Bou figuraba como «no apta» en la fuente oficial. No existe ninguna base jurídica para exigir a una entidad de la sociedad civil que anticipe información posterior, como una contraprueba o una invalidación administrativa, que no constaba en el sistema oficial en el momento de la consulta.
En este sentido, la organización informa de que ha actuado con la diligencia debida y, ante las manifestaciones del Ayuntamiento, ha solicitado formalmente a la Conselleria de Salud, como autoridad sanitaria competente, que acredite si la muestra del 8 de julio de 2025 fue invalidada, si existe una contraprueba y cuál fue su resultado, y si la incidencia ha sido posteriormente modificada o excluida del SINAC.
Hasta que no se disponga de esta acreditación oficial, la Alianza estima que no procede efectuar ninguna rectificación pública, dado que una rectificación sin el aval de la autoridad competente podría resultar contraria al mismo deber de rigor que el Ayuntamiento reclama.
La Alianza por el Agua quiere dejar claro que su actividad de seguimiento, análisis y divulgación de los datos oficiales sobre calidad del agua constituye una función de interés público amparada por el artículo 20 de la Constitución y por la Ley 27/2006 de derecho de acceso a la información ambiental.
«Los ciudadanos tienen derecho a conocer la calidad del agua que consumen, y la información sobre este tema no es patrimonio exclusivo de las administraciones», subrayan.
La entidad recuerda que, al margen del caso concreto de Cala de Bou, la zona de Sant Josep Zona I acumula 13 analíticas no aptas desde 2016, «una situación crónica y estructural que no ha sido cuestionada por el Ayuntamiento en ninguna de sus manifestaciones públicas».
La Alianza por el Agua se reafirma en su disposición a incorporar cualquier información oficial que permita completar o precisar los datos publicados, y a efectuar las aclaraciones o rectificaciones que objetivamente correspondan una vez que la autoridad sanitaria haya respondido.
Mientras tanto, anuncia que continuará publicando y actualizando los datos de su Observatorio del Agua para garantizar que la ciudadanía disponga de información veraz, accesible y contrastada sobre un bien esencial y escaso en las islas como es el agua.
