El Consell d’Eivissa a través de su Oficina de Lucha contra el Intrusismo, ha mostrado su “profunda preocupación” ante la inminente aplicación del Real Decreto que regula la ventanilla única digital para el registro y control de los alojamientos turísticos de corta duración, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de julio. Durante su participación en las jornadas informativas organizadas por el Ministerio de Vivienda, el director insular de Intrusismo, Enrique Gómez Bastida, ha denunciado la “improvisación, incertidumbre normativa y exclusión de las administraciones competentes” en el diseño de la nueva regulación.
Según ha explicado, los encuentros no han aportado claridad sobre el marco legal, sino que han puesto de manifiesto una “alarmante falta de coordinación, previsión y rigor jurídico”, generando más dudas que certezas entre los responsables autonómicos. Bastida ha criticado que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana haya adoptado medidas “unilaterales” que no abordan los problemas estructurales del decreto, como la falta de criterios comunes entre los registros de la propiedad ante situaciones similares en viviendas de uso turístico.
El responsable insular ha señalado que, a pocos días de su entrada en vigor, existe una “confusión normativa generalizada”, así como una “ausencia de información clara y precisa” tanto para las comunidades autónomas como para los ciudadanos, lo que impide una aplicación con garantías jurídicas.
Asimismo, ha denunciado una “intrusión competencial” y ha lamentado la “falta de liderazgo” del Ministerio de Turismo, cuya ausencia -dijo- ha sido evidente tanto en las jornadas como en todo el proceso de diseño, aprobación y puesta en marcha de la normativa.
Ante este escenario, Bastida se ha sumado a las reclamaciones de varias comunidades autónomas y ha solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Turismo, presidida por el ministro de Industria y Turismo, para abordar los problemas detectados y reducir la incertidumbre normativa y operativa. También ha propuesto la creación de un grupo de trabajo único que incluya a todas las administraciones competentes, al sector y a las plataformas de alquiler.
Por último, ha recordado que el Consell ya ha puesto en marcha mecanismos de colaboración con plataformas como Airbnb y Booking para identificar y sancionar alquileres turísticos ilegales, una acción propia que, según ha dicho, “se está desarrollando sin necesidad de esperar instrucciones de un Ministerio que, ahora mismo, actúa con caos y sin sentido”.
