EFE / Las consellerias de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Asuntos Sociales y Deportes comprarán productos al sector primario de las Islas Baleares para distribuirlos gratuitamente entre familias y personas necesitadas debido a la actual situación de crisis sanitaria de la COVID-19.
Los productos se entregarán a las familias con dificultades económicas, las asociaciones y las entidades sin ánimo de lucro indicadas por la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, ha informado la portavoz del Govern, Pilar Costa.
El Consell de Govern ha aprobado este viernes el marco jurídico de actuación para la compra pública de alimentos de una manera ágil. A partir de este mecanismo, las cantidades que se adquirirán se determinarán en función de las necesidades.
Las gestiones y decisiones sobre la compra de estos excedentes se adoptarán desde la dirección General de Políticas para la Soberanía Alimentaria, dependiente de la Conselleria de Agricultura. La ejecución se hará a través de contratos con la empresa pública TRAGSA.
El sector de la hortaliza y la fruta y el sector lácteo son los que tienen más excedentes, ha comentado Costa, que ha concretado que se adquirirán alimentos a productores, cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT). En el caso de la leche, se comprará a industrias agroalimentarias.
Se trata de una medida excepcional con dos objetivos claros. Por un lado, preservar la actividad del sector primario, favoreciendo la comercialización de sus productos.
Con la paralización del sector de la hostelería, la restauración y el servicio de comidas, el sector agroalimentario ha perdido alrededor de un 70 % de la comercialización de sus productos.
Por otro lado, es una medida para mitigar el impacto económico y social en la población de las islas generado por la pandemia actual. Las consecuencias sociales y económicas de la declaración del estado de alarma, ha explicado Costa, han hecho aumentar de manera brusca el porcentaje de población vulnerable en riesgo de exclusión social.
La alimentación constituye el «primer peldaño básico» en la protección social de las familias vulnerables.
