@Noudiari/ El grupo del Partido Popular de Ayuntamiento de Vila presentará al próximo pleno una moción de control para conocer el grado de cumplimiento de los acuerdos y obligaciones contenidos en el convenio marco de colaboración entre el Consell Insular y el Ayuntamiento de Eivissa y qué pasos se han dado en los últimos dos meses y medio con vistas a la puesta en funcionamiento de la Estación de Autobuses en el Centro de Transferencia Intermodal y de Servicios (CETIS).
Los ‘populares’ han recordado que el pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría este documento el pasado 31 de marzo. Posteriormente, el convenio fue firmado con fecha 11 de abril por el presidente del Consell Insular y por el alcalde, surtiendo efecto desde ese día, tal como establece la cláusula cuarta del mismo. Los ‘populares’ han destacado también que el propio equipo de Gobierno calificó como “una prioridad” la apertura de la estación de autobuses “en el más breve plazo que sea posible”.
Desde el PP han indicado igualmente que el apoyo de su formación a este convenio venía condicionado a la inclusión en el documento de una serie de enmiendas planteadas por el Partido Popular y con las que el equipo de gobierno se mostró de acuerdo, «aunque, a fecha de hoy, estas propuestas no han sido incluidas en el texto».
Responsabilidad Patrimonial
Por otra parte, el Partido Popular también pedirá explicaciones al actual equipo de gobierno sobre los retrasos que ha estado sufriendo en los últimos meses el servicio de Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento. Esta unidad administrativa es la encargada de resolver las reclamaciones que plantean aquellos particulares que tienen derecho a ser indemnizados por la Administración por lesiones y daños que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos municipales.
Los ‘populares’ han indicado que el funcionamiento de este servicio municipal había sido hasta ahora «óptimo, resolviendo en tiempo todas las solicitudes de aquellos vecinos que ejercían la acción de responsabilidad patrimonial». Sin embargo, en los últimos meses, «la tramitación de expedientes está sufriendo un considerable retraso, lo que ha provocado que algunas personas se hayan visto obligadas a acudir a los tribunales por el silencio de la administración. Según los concejales del Partido Popular, esto ha originado indefensión y la obligación de realizar gastos adicionales por parte de los vecinos para la contratación de abogado y procurador».
El grupo municipal Popular preguntará si se han cuantificado las quejas por las incidencias de este servicio, si se ha dado cumplida respuesta a las mismas y si este servicio ha recuperado a día de hoy su funcionamiento y ritmo normal o, en caso contrario, cuando está previsto que lo haga.
