El Partido Popular (PP) ha pedido este martes en el Pleno del Congreso la suspensión ‘sine die’ de la entrada en vigor del real decreto que establece la obligación para las agencias de viajes y alquiladoras de turismos de recopilar datos de los turistas, a partir del próximo 2 de diciembre.
Pendiente de la votación final, esta petición, recogida en una proposición no de ley, ha sido rechazada por el Grupo Socialista, Sumar, Junts, PNV, ERC, BNG y Podemos, con lo que es previsible que no salga adelante.
El diputado del PP Vicente Marí, en su defensa de esta suspensión ha dicho que la entrada en vigor de esta norma tendría un impacto «significativo» en la viabilidad de miles de negocios por las cargas administrativas que incorpora, ya que obliga a recoger hasta 80 datos diferentes en el caso de las alquiladoras de vehículos sin conductor.
Supone además, según el diputado popular, imponer a las empresas españolas obligaciones que no establecen otros estados europeos, además de que la aplicación informática desarrollada por el Ministerio del Interior «no funciona».
El sector turístico es «puntero» pero «no va solo»: no es lo mismo, ha asegurado, «un gobierno que acompañe al sector que otro que ponga palos en las ruedas» y «todo el sector ha dicho al Gobierno que este real decreto es una barbaridad».
Por el Grupo Socialista, la diputada Araceli Poblador ha destacado que el año pasado 95 millones de personas eligieron España como destino turístico porque es «el país más seguro del mundo» y «este gobierno quiere que siga siendo así».
EFE
