La Federación Socialista de Ibiza (FSE‑PSOE) ha denunciado hoy en una nota de prensa que el Partido Popular está comunicando falsedades respecto a la actualización de la tasa de gestión de residuos en los municipios de la isla. Según el partido, los alcaldes y alcaldesas del PP son los responsables directos de estos incrementos, ya que han optado por soluciones simplistas que perjudican al ciudadano.
Los socialistas señalan que el PP pretende hacer creer que el aumento es una “imposición del Gobierno de Sánchez”. Sin embargo, esta tasa se debe a la Ley 7/2022, transpuesta desde la Directiva Europea 2018/851, una normativa que entró en vigor en España tras su aprobación durante el mandato de Jean‑Claude Juncker, del Partido Popular Europeo, y fue aprobada con la abstención del PP en las Cortes.
Contrariamente a lo que afirma el PP, esta normativa no obliga a subir la tasa automáticamente ni fija cuantías específicas. Por el contrario, insta a cubrir el coste real del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, que los ayuntamientos pueden aplicar mediante fórmulas mucho más equitativas (como pagos por generación). Las bonificaciones para personas vulnerables, familias numerosas o pensionistas también están permitidas.
El PSOE destaca que los gobiernos del PP en Ibiza han optado por criterios arbitrarios, como cobrar por metros cuadrados de vivienda, en lugar de aplicar el principio de “quien contamina paga” o aplicar identificaciones vinculadas al consumo real de residuos.
Datos de 2024 del Consell Insular muestran que la recogida selectiva solo alcanzó el 40,1 % en Ibiza, y se generaron 97.518 toneladas de residuos que fueron depositadas en vertedero, un 11 % más que el año anterior, con una media de 655,5 kg por persona, lo que supera en un 14 % la media balear.
El PSOE concluye que la verdadera urgencia no está en buscar culpables externos, sino en mejorar la gestión local e insular de residuos con actuaciones reales que cumplan los objetivos de reutilización y reciclaje. Además, critica que el PP ganó las elecciones en 2023 prometiendo reducir esta tasa, cuando eran conocedores de las obligaciones legales desde 2022 y del déficit acumulado del servicio.
