EFE / La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) han defendido este martes que los trabajadores «tienen que vivir en vivienda digna y no en asentamientos de caravanas», por lo que ha exigido a las administraciones gobernadas por el PP que declaren la isla como zona tensionada para limitar los precios del alquiler.
«De ninguna forma podemos aceptar ni los asentamientos ilegales, ni la legalización de campamentos de caravanas para trabajadores, porque no podemos considerarlo una forma de vivir digna», han señalado los socialistas.
También han advertido que el problema de los asentamientos de caravanas irá en aumento en Ibiza «si las administraciones no toman medidas y si se abandonan las políticas públicas de vivienda, como está haciendo el Partido Popular».
El PSOE se ha referido también al campamento privado ilegal de caravanas de Can Negre, y ha criticado «la falta de actuación y las excusas del Ayuntamiento de Santa Eulària».
En esta línea, ha denunciado que se trata de «un problema social, urbanístico y medioambiental de primer orden en este municipio” y ha reclamado a la alcaldesa, Carmen Ferrer, que lo aborde “de forma urgente, en vez de mirar hacia otro lado y olvidarse del asunto con la excusa que no han podido entrar a la finca”.
Los socialistas han insistido en la necesidad de obligar a limitar el precio del alquiler en los grandes tenedores (más de 10 propiedades), junto con otras medidas como las bonificaciones fiscales a los pequeños propietarios que alquilen de acuerdo con los precios de referencia, como una «medida urgente y necesaria”, junto con “muchas más” que se tienen que tomar.
Entre otras cuestiones, han defendido las políticas de construcción de vivienda pública para alquiler social, con los proyectos actualmente en marcha de Isidor Macabich y de Ca n’Escandell, y han criticado que ni el Consell de Ibiza ni los ayuntamientos gobernados por el PP hayan cedido aún “ni un suelo metro cuadrado de terreno público para hacer vivienda”.
También han acusado al Consell de Ibiza de estar “fracasando estrepitosamente” en la lucha contra los alquileres turísticos ilegales, y como prueba han hecho referencia al estudio del Ayuntamiento de Ibiza que el año pasado detectó cerca de 300 pisos residenciales destinados a turismo vacacional.
