El senador de Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha propuesto una reforma de la Constitución Española para que el acceso a la vivienda sea reconocido como un derecho fundamental. Según un comunicado del Senat d’Eivissa i Formentera, esta medida obligaría al Estado a garantizar dicho derecho, situándolo al mismo nivel de protección que otros derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a la vida. La propuesta se presentó en el marco de la jornada “Debates por el fin del sinhogarismo”, organizada esta semana en Madrid por la entidad Hogar Sí.
En su intervención, Ferrer destacó que, aunque el artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, no lo contempla como un derecho fundamental. Según explicó, esta diferencia limita su garantía efectiva y reduce las herramientas legales y políticas para hacerlo realidad. Para el senador, una reforma constitucional permitiría ofrecer una protección real y efectiva a la ciudadanía en materia de vivienda.
El comunicado del Senat d’Eivissa i Formentera señala que, actualmente, 37.000 personas en España se encuentran sin hogar, según datos de Hogar Sí. Además, un 13 % de la población ha enfrentado graves problemas de acceso a la vivienda, como la no renovación de contratos de alquiler, dificultades para afrontar pagos hipotecarios o subidas abusivas de precios. En los últimos diez años, la vivienda ha pasado de ser el problema número 20 en las preocupaciones de la población al número uno.
Entre las propuestas planteadas por Ferrer durante la Mesa de Vivienda, se destacó la necesidad de recuperar prácticas históricas en Eivissa i Formentera, como que los hoteles proporcionen alojamiento a sus trabajadores. La medida recibió amplio apoyo por parte de los participantes. Asimismo, se insistió en la necesidad de agilizar los procesos administrativos para garantizar que las ONG y otras entidades sociales puedan recibir el apoyo necesario para combatir el sinhogarismo.
El senador también puso en valor iniciativas legislativas como la catalana, que permite la cesión de suelo público a entidades sin ánimo de lucro para la construcción de vivienda social. Según el comunicado, estas medidas fueron consideradas un modelo a seguir y se propuso estudiar su implementación a nivel estatal.
La reforma constitucional, según Ferrer, sería una herramienta clave para abordar la crisis habitacional en España, ofreciendo soluciones efectivas y duraderas a la ciudadanía.
Ahora la Constitución también dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y no sirve para nada.
Sr. Ferrer: todos los cuentos que Vd. diga pero que tal derecho fundamental se acompañara del sagrado derecho de los propietarios a evitar la «inquiokupación». Vería Vd. como con garantias a la propiedad y penalización a okupas se llenarían los mercados de vivienda disponible
Bigarrat, és pot dir més fort però no més clar
i això que es nostre ilm. sr senador és lletrat…o era somiador?
¿Alguien que le explique que decir que algo es un derecho no lo hace inmune a la escasez?