El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha alertado al Defensor del Pueblo del desalojo inminente del asentamiento Can Rova 2, ubicado en Santa Eulària, donde aún residen familias en situación vulnerable, muchas con menores a su cargo.
Ferrer ha manifestado su preocupación ante la falta de información sobre las alternativas habitacionales ofrecidas por las administraciones competentes y la ausencia de garantías para la protección de los menores. Según el senador, la presión del desalojo en un momento delicado puede agravar la situación de estas familias.
Esta no es la primera vez que Ferrer eleva la voz sobre este hecho: en abril ya presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo por la falta de medidas eficaces por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària. En aquella ocasión, alertó de que estas familias permanecían “en una situación límite” por la ausencia de apoyo social, residencial y económico.
El senador ha recalcado que el descuido de los menores no es responsabilidad de sus progenitores, sino de las instituciones públicas, que tienen la obligación legal y moral de garantizar su bienestar y desarrollo integral.
Asimismo, Ferrer advierte que los desalojos forzosos, que se están multiplicando en la isla, solo trasladan el problema sin ofrecer soluciones dignas para las familias afectadas. Por ello, insta al Consell d’Eivissa y a los ayuntamientos a coordinar esfuerzos y adoptar medidas conjuntas con especial atención a los colectivos vulnerables.
La fecha del desalojo está prevista para el próximo 15 de julio, autorizado judicialmente, lo que ha motivado denuncias de vecinos y abogados de las familias residentes, quienes solicitan una prórroga hasta el 31 de agosto y una intervención activa de los servicios sociales para evitar daños mayores.
Can Rova 2, surgido tras el desmantelamiento de Can Rova en 2024, alberga a unas 300 personas, en su mayoría trabajadores temporales y familias con menores que no encuentran alquiler asequible en Ibiza. En abril, un juzgado paralizó el desalojo por la vulnerabilidad de los residentes, aunque el Ayuntamiento logró autorización tras un incendio en la zona.
Mientras el Consistorio defiende haber ofrecido ayudas y seguimiento, los residentes denuncian que los servicios sociales no facilitan su empadronamiento ni acceso a recursos básicos, señala el senador.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la crisis habitacional en Ibiza y la urgencia de «una respuesta coordinada» para proteger a las familias más vulnerables, especialmente a los niños, ante desalojos que pueden dejarlos en situación de «extrema precariedad».
Que los aloje en su chalet si tanto le preocupa esta gente. Y hablando de menores, y de sus derechos, esta gentuza utiliza a sus propios hijos de escudo y para evitar desalojos etc. Esto qué es? servicios sociales les tendría que quitar a los menores….
loable acción del senador,les ha ofrecido su casa.que cunda el ejemplo
El Sr. Ferrer haciendo política barata. Que apriete las tuercas al gobierno central para desbloquear y promover leyes antiokupa, contra inmigración ilegal y contra toda usurpación de bienes particulares. La elección de este modelo de vida en chabolas y caravanas no debe costar un solo € al ciudadano normal. O todos o nadie a beneficiarse de ayudas públicas. Que se reubiquen en la España vaciada
molt bons comentaris avora, senyor Juanjo, has vist lo que diu és poble sobirà? ido cap a casa teua o un vaixell de tornada
. opcions varies…uep sa llevat de sa fasana des Consell d,Eivissa … welcome no record que? hipocresia
pues para pedir mucho, bien que demandaba para desahuciar antes