EFE / El vuelco electoral tras las elecciones autonómicas y municipales de este domingo puede dejar sin efecto la aplicación de la Ley de Vivienda en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas que van a pasar a ser regidos por el Partido Popular, que se ha posicionado en contra de la misma.

El PP fue ayer la fuerza más votada en las municipales con más de 7 millones de votos, alrededor de 800.000 por delante del PSOE, y consiguió arrebatar seis autonomías a la izquierda, incluidas Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares.

De hecho, tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, cree que la Ley de Vivienda podría ser derogada completamente si los populares consiguen gobernar.

En este sentido, después de los comicios de ayer el desarrollo de la Ley de Vivienda, incluido en la aplicación de las zonas tensionadas y que estaba dirigido a intervenir y limitar las rentas de alquiler, no tendrá un efecto real en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y municipios de España, apunta Zurdo.

 En aquellas comunidades donde si pueda aplicarse, denuncia ANA, desplazará la inversión de promotores e inversores hacía aquellas comunidades que no impongan límites a la inversión en alquiler, creando una España «de dos velocidades».

«Lo que es inaudito es que el mercado del alquiler en nuestro país tenga que estar pendiente de los resultados electorales para saber si un propietario puede o no poner con seguridad y tranquilidad su vivienda en alquiler», añade.

En este sentido, la agencia subraya que esta incertidumbre está afectando a todos, inquilinos y propietarios, trastocando gravemente el mercado de alquiler, destruyendo oferta, y dificultando enormemente el acceso a la vivienda.

La Ley de Vivienda, que entre otras medidas limitará el precio de los alquileres, entró en vigor el pasado viernes, dos días antes de los comicios autonómicos y municipales, después de que en abril el Gobierno de coalición se asegurara los votos necesarios para sacarla adelante gracias a un acuerdo con ERC y EH Bildu tras años de negociaciones.

No obstante, quedará para el próximo 1 de enero de 2024 lo relativo a los incentivos fiscales que se aplicarán en el IRPF a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda.