EFE / Los eurodiputados de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PE) dieron hoy luz verde a un nuevo plan para gestionar la pesca en el Mediterráneo Occidental centrado en las poblaciones de peces demersales, aquellos que viven cerca del fondo marino, cuyas capturas han caído un 23 % desde el año 2000.
El plan, que recibió el apoyo de los eurodiputados de la comisión de Pesca por 17 votos a favor, 5 en contra y una abstención, afectará a embarcaciones comerciales y de recreo que faenan en el norte del mar de Alborán, el Golfo de León y el mar Tirreno, incluyendo al entorno de las islas Baleares, Córcega y Cerdeña.
Se busca «garantizar la explotación de las poblaciones y mantener a la vez su capacidad de reproducción» a través de medidas como la reducción de los máximos admisibles de esfuerzo pesquero durante el primer año en un 10 % frente al total de días permitidos entre 2012 y 2017.
Además, proponen prohibir el uso de redes de arrastre en las aguas que quedan dentro de la isóbata de 100 metros de profundidad entre el 1 de mayo y el 31 de julio de cada año.
Sus objetivos son, entre otros, facilitar la implementación de la obligación de desembarco y limitar la pesca de recreo cuando su impacto en la mortalidad de los peces es elevada.
«Si el asesoramiento científico muestra que las poblaciones están en riesgo, se podrían tomar medidas adicionales, particularmente suspendiendo la pesca para la población en concreto siempre que los pescadores afectados reciban una compensación justa», señaló la Eurocámara en un comunicado.
Especies reguladas
Las especies cuya captura se verá regulada serán la merluza, el salmonete, el camarón rosado de aguas profundas, la langosta de Noruega, los camarones azul y rojo y el camarón rojo gigante.
Según datos de la CE, en 2025 estarían agotadas alrededor del 90 % de las reservas de estos peces, lo que pondría en riesgo la actividad de 1.500 embarcaciones y podría llevar a la pérdida de alrededor de 16.000 empleos si no se revierte la situación.
Las medidas, que deben recibir la luz verde del pleno de la Eurocámara y también negociarse con los Estados miembros, afectarían a 10.900 embarcaciones (el 50 % italianas, el 39 % españolas y el 11 % francesas), según datos de 2015.
Varias asociaciones ecologistas criticaron duramente la decisión de la comisión de Pesca, que tildaron de «desastrosa» y, consideraron, «pone en riesgo el futuro de la pesca» en las aguas del Mediterráneo Occidental.
