EFE / Especialistas en urbanismo, derecho inmobiliario y turismo residencial auguran que la limitación de los precios de alquiler de viviendas en zonas tensionadas prevista en la nueva ley estatal está abocada al fracaso porque disminuye la oferta y promueve el mercado negro y la discriminación de inquilinos.

«No ha tenido éxito en ningún lugar», ha sostenido Héctor Simón, director de la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que participa este viernes en Palma en un seminario sobre el problema del acceso a la vivienda en los territorios turísticos organizado por la Universidad de las Islas Baleares.

Simón ha abogado por rechazar las «soluciones mágicas» y apostar por actuaciones «estructurales a largo plazo» como la mejora de la planificación urbanística, el aumento de la oferta pública de vivienda y la diversificación de los modelos de tenencia domiciliaria.

Para este experto, medidas como la eliminación de los visados de oro, que tiene escaso impacto sobre el mercado inmobiliario, y los avales públicos a jóvenes para el alquiler, «que acaban absorbidos por los propietarios», no tienen el efecto deseado para frenar la carestía de la vivienda.

Isabel González, profesora de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, ha puesto el acento en la necesidad de modificar las políticas territoriales para reforzar la capacidad de las administraciones locales de incrementar y usar el suelo público.

Como la vivienda se ha convertido en un valor especulativo («son huchas de hormigón», ha aseverado), la liberalización del suelo se ha mostrado ineficaz para contener los precios y garantizar el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos, ha sostenido.

Para María José Piñeira, presidenta del grupo internacional IGU Urban Geography Commission, existe un problema de «emergencia habitacional» que obliga a replantear el modelo a medio plazo, pero demanda soluciones inmediatas para los jóvenes y las familias con menos recursos.

Hace falta, ha defendido, incrementar cuanto antes el parque de vivienda pública para quienes más lo necesitan y la salida al mercado de los pisos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb), el banco malo, un recurso infrautilizado por la falta de colaboración eficiente entre ese organismo estatal y los ayuntamientos.

En cuanto a los problemas específicos de los territorios turísticos y las ciudades gentrificadas, Dolores Sánchez, directora del Máster en Turismo Urbano de la Universidad de Barcelona, ha asegurado que las experiencias de «descentralización» de la presión turística en ciudades como Barcelona han generado «nuevas tensiones» en otros barrios.

En su opinión, hay que apostar por mejorar la regulación de los flujos turísticos en lugar de por limitar el acceso de visitantes a las zonas con mayor presión.

Respecto al efecto del alquiler vacacional sobre los precios de la vivienda, el director de la Cátedra de Estudios Urbanos de la Universidad de Baleares, Jesús González, anfitrión del seminario, ha apuntado que la prohibición de arrendar pisos a turistas en Palma ha supuesto un «pequeño empuje» para la contención de los precios de la para los residentes, aunque menor de los esperado.

González se ha mostrado escéptico ante las propuestas de prohibir la venta de viviendas a no residentes, primero por su difícil encaje legal, pero también porque, a su juicio, la demanda de inversores de alto poder adquisitivo no es una cuestión de nacionalidades sino de nivel económico. «Para un alemán de clase media la vivienda en Palma es cara también», ha afirmado.