El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la mercantil Sunway S.L., propiedad del empresario Leo Stober, y ha confirmado íntegramente la absolución de los exresponsables políticos de Gent per Formentera (GxF) encausados por el conflicto urbanístico de Punta Prima. La sentencia, la número 39/2026, dictada el pasado 23 de enero, impone nuevamente a la empresa promotora el pago de las costas procesales.
El recurso de casación presentado por Sunway S.L. pretendía revertir la sentencia 453/2022 de la Audiencia Provincial de Palma, que absolvió a Jaume Ferrer Ribas, Bartomeu Escandell Tur, Sònia Cardona Ferrer y Josep Mayans Costa de los delitos de prevaricación, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y coacciones, y condenó a la acusación particular al pago de las costas por mala fe procesal. El Supremo rechaza ahora todos los motivos del recurso y ratifica tanto la absolución como la condena económica a la promotora.
Según el alto tribunal, no quedó acreditado en ningún momento que la actuación de los responsables políticos fuera arbitraria ni contraria al ordenamiento jurídico, elemento imprescindible para apreciar el delito de prevaricación. La sentencia subraya además que el recurso de casación no puede utilizarse para revalorar pruebas ni alterar los hechos probados fijados en una sentencia absolutoria.
En relación con la condena en costas, el Supremo respalda el criterio de la Audiencia Provincial y considera acreditado que la acusación particular sostuvo durante años pretensiones penales carentes de suficiente sustento procesal, llegando a solicitar penas de prisión que provocaron un perjuicio “grave y prolongado” a los acusados. El fallo recuerda que la condena en costas a una acusación particular no tiene carácter sancionador, sino que responde a una regla justa de asignación de gastos cuando se hace un uso temerario o abusivo del proceso penal.
Gent per Formentera ha celebrado públicamente la sentencia, que califica como una nueva victoria judicial frente a una persecución iniciada hace más de quince años por intereses urbanísticos en Punta Prima. La formación recuerda que ya en 2014 el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears declaró ajustadas a derecho las Normas Subsidiarias de Formentera aprobadas en 2010, resolución confirmada posteriormente por el propio Tribunal Supremo en 2017.
Desde GxF destacan que la justicia no solo haya confirmado la absolución, sino que haya reiterado la condena en costas, evitando que la defensa del territorio de Formentera tenga un coste para las arcas públicas. Al mismo tiempo, lamentan que sus compañeros hayan tenido que soportar durante más de una década un proceso penal que consideran injustificado, y critican el apoyo político que, a su juicio, ha recibido el empresario por parte de partidos integrados en la actual coalición Sa Unió.
La sentencia del Supremo pone fin al recurso de casación y refuerza la doctrina de que el derecho penal no puede utilizarse como instrumento de presión o intimidación para condicionar decisiones políticas en materia urbanística.
