El Parlament de les Illes Balears aprueba este martes un decreto ley de medidas urgentes para otorgar mayor seguridad jurídica y paliar los efectos del covid en algunos aspectos relacionados con determinados sectores de la actividad administrativa. Dicho decreto incluye el mantenimiento de la moratoria para otorgar licencias para nuevas salas de juego que puso en marcha la Vicepresidencia de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, gestionada por Unidas Podemos de la mano de Juan Pedro Yllanes.
Gloria Santiago, vicepresidenta del Parlament y diputada de Podemos por Ibiza, ha explicado hoy en su intervención en el pleno que «desde que Unidas Podemos está en el Govern, se pone coto a las casas de apuestas». «Actualmente, en Baleares duplicamos la media estatal en cuanto a licencias de juego otorgadas por cada millón de habitantes. La intención del Govern es que la modificación de la ley del juego, que llegará próximamente, impida que se otorguen licencias», ha afirmado Santiago.
Por otra parte, Gloria Santiago ha explicado que «este decreto otorga certezas a las organizaciones sindicales y empresariales, ya que se continúa manteniendo el importe fijado y el reparto específico para que puedan tener certezas claras a la hora de autoorganizarse». «La incertidumbre económica puede generar muchos problemas para una correcta planificación y un desarrollo adecuado, y si hablamos de diálogo y de favorecer la participación y colaboración con las instituciones, lo propio es que tanto sindicatos como entidades empresariales tengan garantizada su viabilidad», ha añadido. En ese sentido, Santiago ha añadido, refiriéndose a Vox, que «ya sabemos que en esta cámara hay un partido que públicamente ha dicho que quiere eliminar los sindicatos, pero desde Unidas Podemos creemos que en una democracia consolidada, son de vital importancia».
Para acabar, Santiago ha subrayado que «otra de las cosas que plantea este texto es la de posibilitar que las subvenciones otorgadas a las cámaras de comercio se puedan destinar a gastos estructurales, procesos administrativos y programas específicos que les encomiende la administración, además de garantizar un reparto mínimo insular para que las cámaras de comercio sean un instrumento de diálogo en cada una de las islas». «En definitiva, hablamos de fortalecer el sistema de cámaras de comercio», ha destacado.
