EFE / Un millar de gobiernos locales, 26 de ellos de Balears, se han adherido a la central de contrataciones de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), puesta en marcha hace poco más de cuatro años para abaratar el coste de los servicios y lograr una mayor eficiencia en la gestión municipal.
De acuerdo al número de entidades locales asociadas a la FEMP, las adhesiones superan en comunidades como Canarias o Murcia el 50 por ciento y en otras, como Asturias, Cantabria, Galicia, Balears, Madrid y Valencia, el 25 por ciento. Más de la mitad de la adhesiones son de entidades locales menores de 5.000 habitantes, otro 30 por ciento tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes, el 15 por ciento entre 20.000 y 100.000 y un 4 por ciento más de 100.000.
Nueve diputaciones provinciales, tres cabildos, dos consells insulares, nueve organismos autónomos, quince empresas públicas, una fundación, un consorcio provincial y 960 Ayuntamientos configuran el espectro de entidades locales y entes dependientes adscritos a la central.
Todas estas entidades se benefician de los diferentes acuerdos marco suscritos por la FEMP, como el firmado en 2015 para el suministro de electricidad en alta y baja tensión que, en vigor hasta el 14 de febrero del próximo año, ha permitido la tramitación de cerca de un centenar de contratos.
Se trata, según ha explicado la federación, de contratos de suministro de importes elevado que obligatoriamente debe licitarse vía procedimiento abierto y cuya configuración es técnicamente compleja, pero que se facilitan y agilizan con el acuerdo marco.
No obstante y, ante la nueva licitación del acuerdo, prevista para finales de este año, la central de contratación quiere alcanzar un sistema de precios más competitivos y avanzar en las exigencias vinculadas al suministro de energía verde.
La central también ha suscrito un acuerdo marco para el suministro de gas, que está en vigor hasta el 23 de marzo del próximo año y al que están recurriendo las entidades locales por la complejidad técnica en la regulación de su prestación, pero, sobre todo, en el establecimiento de una fórmula adecuada para el cálculo y aplicación de un precio cierto.
Además, a través de este acuerdo se ha dado respuesta a pequeñas contrataciones para hacer frente a los cambios de suministro, de electricidad a gas.
Para su próxima licitación, prevista para comienzos de 2019, se realizarán mejoras técnicas dirigidas a aumentar la competitividad de los precios. Un tercer acuerdo, suscrito en enero de 2017, está centrado en la prestación del servicio de mediación de riesgos y seguros.
Con cerca de un centenar de contratos adjudicados en apenas año y medio desde que se suscribió, se trata, según la FEMP, de un servicio altamente demandado por los municipios. Especialmente, desde la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público, en la que las limitaciones para el uso de la modalidad del contrato menor.
La federación se propone cerrar antes de finales de año acuerdos relacionados con la gestión y recaudación de multas de tráfico y, a medio plazo, con los suministros de telefonía móvil y fija y acceso a datos, combustibles para automoción y calefacción, luminarias led, vehículos eléctricos y distribución postal, entre otros.
