EFE / La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha informado de que se han registrado 11.661 denuncias desde que el pasado julio entró en vigor el régimen sancionador específico para las infracciones de la normativa covid de la comunidad, y se tramitan propuestas de sanción por 2.180.000 euros, de los que 438.000 euros son para particulares y alrededor de 1.700.000 para establecimientos.

De las cuantías contra distintos negocios, la mayoría de propuestas de sanción se tramitan por 1.251.000 euros en Mallorca y en Ibiza por 378.000 euros. Del total de denuncias 949 han sido a establecimientos.

Por islas, 8.197 denuncias se han interpuesto en Mallorca, 952 en Menorca, 2.303 en Ibiza y 209 en Formentera (2.512 entre Ibiza y Formentera).

Además, Garrido ha anunciado que se habilitará un dispositivo especial de vigilancia, control e inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa anticovid en este primer fin de semana desde que comenzó la desescalada de la tercera ola en Mallorca, Menorca y Formentera, ya que Ibiza sigue en Nivel 4 reforzado.

El dispositivo lo pondrán en marcha la Dirección General de Emergencias e Interior, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales, ha detallado Garrido en una rueda de prensa, tras la reunión extraordinaria del Centro de Mando Operativo Integrado (CECOPI) del Plan Territorial de Protección Civil de Baleares para abordar las medidas especiales y de refuerzo de cara al inicio de la desescalada.

La razón del dispositivo especial de control es que «tras dos meses de restricciones muy duras, se han empezado a abrir establecimientos y la restauración y puede que este fin de semana sea especial en relación al resto», ha dicho Garrido.

Ha detallado que habrá dispositivos específicos para controlar la nueva medida de que los establecimientos de hostelería no pueden vender alcohol para llevar (salvo si va acompañado de comida), «para evitar que las calles se conviertan en extensiones de bares y restaurantes cuando cierren a las 17 horas», así como para garantizar el respeto de las normas en las playas.

«Pedimos máxima colaboración a la ciudadanía, sentido común y que se respeten las normas y se lleve siempre puesta la mascarilla, la limitación de dos núcleos familiares en la reuniones y las distancias de seguridad», ha insistido Garrido, que también ha pedido colaboración a los establecimientos, en el respeto de los aforos en las terrazas.

Garrido ha admitido que la cuantía cobrada hasta ahora «es baja» porque estas sanciones conllevan un procedimiento administrativo «largo y garantista», salvo si se paga voluntariamente, con rebaja del 50 %, pero ha subrayado que «lo importante es que la gente tenga claro que tendrán que pagar la sanción».

Según la consellera, el objetivo del Govern no es recaudatorio sino «que la gente cumpla las normas». «O no conseguiremos temporada de verano y hay muchísimos trabajadores que dependen de que tengamos temporada y por ellos hemos de cumplir las normas», ha agregado.

La delegada del Gobierno, Aina Calvo, ha añadido que solo la Guardia Civil y la Policía Nacional han iniciado 375 actas únicamente por incumplimientos de la normativa contra la covid-19 el pasado fin de semana, cuando se han detectado y desmantelado 9 fiestas ilegales en domicilios particulares.

Se ha referido en concreto a una fiesta con numerosas personas y organizada incluso con traslados de los asistentes, a quienes se puso en riesgo, así como a sus familiares. «No hay sanción que llegue a compensar la decepción que todos sentimos cuando vemos a personas capaces de hacer eso«, ha reconocido, pero ha llamado la atención sobre la mayoría de población que sí cumple las normas.

Calvo ha defendido la necesidad de llevar a cabo una «desescalada pausada» y ha destacado que en la actualidad se cuenta con el apoyo que supone la vacunación.

«Nos mantendremos vigilantes y alerta pero apelamos a la responsabilidad y la generosidad hacia los miles trabajadores que están esperando poder tener esperanza en la temporada turística que nos gustaría que comenzara», ha dicho Calvo.

El presidente de la FELIB, Antoni Salas, ha destacado la importancia de la coordinación en la actuación para los municipios y que las denuncias se tramitan con rapidez para que no se perciba laxitud y «para que sirvan de ejemplo y prevención en la no reiteración de estas conductas».