EFE / La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado al Govern balear que «acredite rigurosamente» y justifique más en profundidad y con estudios de impacto la obligación de servicio público para el transporte marítimo en Baleares planteada en un decreto.
En un informe realizado a petición del Govern, sobre la propuesta de desarrollo normativo del régimen especial de prestación de los transportes marítimos en las Islas Baleares, la CNMV recomienda al ejecutivo balear que la necesidad de intervención pública en el mercado sea acreditada rigurosamente con independencia de la fórmula empleada, ya sea obligación de servicio público o contrato.
Dado que el texto sobre las condiciones de servicio público del transporte marítimo incluye obligaciones sobre la regularidad, frecuencia o capacidad económica que se exigirán a las navieras que operen este tipo de líneas en el archipiélago, la CNMC recuerda que el transporte de mercancías y pasajeros está liberalizado en España y que «la intervención administrativa debe obedecer a razones de interés público y ajustarse a los principios de buena regulación».
Necesidad real de interés público
Recalca que la regulación del sector «debe justificarse porque existe una necesidad real de interés público que el mercado es incapaz de satisfacer», en cuyo caso se pueden fijar obligaciones de servicio público que se exigirán a las navieras como un número mínimo de frecuencias diarias o semanales en rutas interinsulares o con la península.
La CNMC considera que la propuesta del Govern «no aporta la información suficiente que justifique estos requisitos, por lo que no se puede valorar si estas medidas de intervención regulatoria son razonables, necesarias y proporcionadas».
No obstante, la CNMC valora el enfoque regulatorio, puesto que parte del principio de libre prestación del servicio y solo contempla intervenir en el mercado en determinadas circunstancias.
Entre las mejoras del proyecto de decreto, la CNMC dice en cuanto a las Obligaciones de Servicio Público que algunos requisitos impuestos a las navieras -regularidad, frecuencia y capacidad de los servicios-, se deberían justificar más en profundidad y con estudios de impacto.
Señala que el Decreto permite que los armadores se coordinen para repartirse las condiciones de prestación del servicio, una medida que «presenta evidentes riesgos para la competencia» por lo que la CNMC considera que se debe acreditar que es necesaria y poner los acuerdos en conocimiento de la autoridad de competencia.
Recomienda además replantear las medidas de coordinación que la Administración podría imponer a los operadores, debido a la falta de habilitación normativa en este punto.
