@Noudiari/ La Guardia Civil ha desarrollado una operación basada en el control de establecimientos comerciales dedicados al cambio de moneda y envío de divisas tanto al territorio nacional como al extranjero.
Durante el desarrollo de la Operación ‘Cridada’, que empezó en diciembre de 2015, se han llevado a cabo 39 inspecciones en locales comerciales tipo locutorio en todo el archipiélago balear y se han establecido dispositivos de control sobre envíos o cambios de moneda sin autorización llevados a cabo por particulares.
Para ello se ha colaborado con organismos estatales como son el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) Banco de España en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, o sus incumplimientos formales que desarrollan la investigación posterior de varias de las inspecciones a locales realizadas; de la Agencia Española de Protección de Datos especialmente en los referente al tratamiento de los datos recogidos por las entidades de pago; de la Agencia Tributaria en el marco de la lucha contra el fraude, o sus incumplimientos formales para una investigación posterior, especialmente en materia de defraudación de IVA, o no declaración de actividades económicas.
Colaboración de los ayuntamientos
De organismos Autonómicos y Locales como son las Consellerias de Treball, Comerç i Industria, y de Salut i Consum del Govern de Illes Balears, el marco de las previsiones del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, así como los Ayuntamientos de Palma de Mallorca, Manacor, Inca, Sa Pobla, Felanitx, Calvia, Ciudadella, Maó, Sant Antoni, Eivissa, Es Pujols y Sant Francesc, en el marco de la investigación de las actividades económicas declaradas por los locales y su correspondencia con las realmente ejercidas, especialmente el envío y/o cambio de moneda.
Además también se ha contado con el apoyo del representante legal en España y peritos de la empresa Microsoft, para certificar el uso fraudulento y sin autorización del software de su empresa, de los cuales tiene los derechos de propiedad intelectual, quienes valoraron los daños irrogados en 160.510 €.
Investigadas 51 personas
Como resultado de la misma han sido imputadas en calidad de investigadas 51 personas, por delitos relacionados con la Propiedad Intelectual y Derechos de los Trabajadores, al detectarse el uso fraudulento de software de Microsoft en un total de 214 ordenadores, y varios trabajadores en situación de explotación y engaño laboral.
Además, se han detectado un total de 204 infracciones administrativas, destacando las 19 infracciones a la legislación vigente sobre entidades de pago y prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Durante las inspecciones se precintaron 2.552 artículos alimenticios, por resultar peligrosos para los usuarios, en aplicación de la Ley 7/2014, del Estatuto de los Consumidores, los cuales han sido destruidos por la Autoridad competente.
Las actividades objeto de prevención y represión actúan en detrimento de los derechos de los trabajadores, al generar situaciones laborales sin contrato y en ocasiones de explotación y engaño; la economía regular, al detectarse cambios o envíos de dinero sin la diligencia debida; y a los intereses de los consumidores al adquirir productos que en la mayoría de los casos no cumplen los requisitos mínimos sanitarios, o incluso se encuentran en red de alerta de consumo Europea, redundando todo ello en la mejora de la calidad y la sostenibilidad del sector en Illes Balears.
