EFE / El Parlament balear ha aprobado en su sesión de este martes la modificación de la ley de mediación familiar de las Islas Baleares para ajustarla a la normativa estatal, por lo que los mediadores en Baleares tengan titulación universitaria o formación profesional superior. La iniciativa ha salido adelante con 38 votos a favor de los partidos que apoyan al Govern, de El Pi y de Cs y la abstención de los 18 diputados del PP.
Hasta ahora, en el caso de la comunidad autónoma, la figura del mediador debía ser ejercida por personas que dispusieran de una titulación concreta, caso de Derecho o Educación Social.
Con ocasión del debate antes de la votación, la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, ha defendido la adecuación de la norma balear a la ley estatal de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Como en las cuatro anteriores iniciativas legislativas defendidas por la conselleria en esta legislatura en el Parlament, tampoco en este caso los grupos parlamentarios han presentado una enmienda a la totalidad de esta iniciativa legislativa.
Con esta adaptación de la ley de mediación familiar, se garantizan a la población de las Baleares y a las personas que ejercen la mediación las mismas condiciones y los mismos requisitos que los establecidos en la normativa estatal.
Por otra parte, la modificación también se fundamenta en la necesidad de concretar y regular lo que debe ser obligatoriamente un servicio público, ligado a la derivación judicial. Esto no quita que se puedan crear otros servicios de mediación pública.
La nueva normativa también regula otras cuestiones como, por ejemplo, que para iniciar la mediación debe existir voluntad por las dos partes implicadas, que deben comprometerse a no iniciar ninguna acción judicial durante el proceso de mediación, u otros aspectos relacionados con la orientación previa al proceso.
