NouDiari / Amparo Cuenca Huerta, la mujer que va a ser desahuciada de su vivienda de Santa Eulària el próximo 6 de mayo, ha asegurado a Noudiari que el Ayuntamiento tiene conocimiento de su caso «desde 2014» y que este pasado mes de febrero de 2021 incluso llevó a la asistente social municipal «copia el burofax de Coliseum Promontoria con la orden» de que abandone su casa.
«Mi caso es desesperado y por supuesto que he pedido ayuda al Ayuntamiento y desde hace tiempo», explica contrariada por el hecho de que hayan apuntado desde la institución que no tenían conocimiento de su caso. «Parece que ahora, de repente, estoy reclamando una ayuda que jamás he pedido y no es así», relata notablemente afectada por su inminente desahucio.
Cuenca Huerta, que tiene tres hijas, una de las cuales vive con ella actualmente, sobrevive con una ayuda de 430 euros mensuales.
En 2014 tomó la decisión de divorciarse. Su ex pareja dejó de pagar la hipoteca del piso y la manutención de sus hijas, según relata, lo que la colocó en una situación de absoluta precariedad, ya que trabaja de temporada. «Cuando el trabajo terminó me vi en la tesitura de dar de comer a mis hijas o pagar la hipoteca y evidentemente la prioridad fueron mis hijas», afirma. Esta precariedad se ha visto acentuada por la crisis derivada de la Covid porque lleva más de un año y medio sin trabajar.
Habló con el Banco Sabadell para explicar la situación que estaba atravesando «pero no hubo manera de lograr ayuda» y también pidió una cita con el alcalde de Santa Eulària, que por entonces era Vicent Marí, actual presidente del Consell, afirma. Le dieron cita pero con una asistente social del municipio.
Finalmente y con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) consiguió un alquiler social en 2015.
Es decir, el Banco Sabadell se quedó con su casa porque consiguió una dación en pago y un alquiler social. El Banco Sabadell vendió la vivienda sin informarla, de lo que se enteró en 2019 por un burofax de Coliseum Promotoria, que es el fondo que se ha quedado con su casa (en un caso muy similar al del bloque de Cala de Bou). Siguieron cobrándole el alquiler a pesar de que el contrato con el banco había expirado y nunca contestaron a las peticiones reiteradas de la afectada solicitando alquiler social.
El 28 de diciembre de 2020 le enviaron desde Coliseum el primer burofax invitándola a salir de su casa el 6 de mayo de este año.
«Les envié de vuelta otro burofax con toda la información que tengo, incluyendo un certificado de vulnerabilidad que me hizo mi asistente social, pero la respuesta ha sido por correo electrónico diciendo que no se plantean otra prórroga y que no habrá otro contrato. Que me tengo que ir, en suma», relata.
Podemos pidió públicamente el viernes pasado al ayuntamiento que se implicara en su caso. «El sábado me llamó una concejala y estoy pendiente de concertar con ella una cita porque hoy lunes no me han respondido», explica.
«Quiero dejar claro que yo soy la afectada, que lo he pasado muy mal con todo esto y que sé desde cuándo llevo con esta lucha, con esta pelea y con esta soledad para bregar con todo», subraya cuando está a cuatro semanas de que la echen de su casa. De todos modos remarca que ella no va a a dejar su piso el 6 de mayo sino que resistirá hasta que la echen «por la fuerza».
«No tengo una alternativa habitacional porque si la tuviera no me estaría quebrando la salud como me la estoy quebrando con esta lucha», remarca.
«El Ayuntamiento puede hacer lo que quiera y si no quiere ayudarme que no me ayude pero me gustaría que quedase claro que mi caso lo conocen desde el año 2014», concluye.
Y por qué no va al íbavi quees quien tiene los poderes para darle una vivienda? El Govern bien que cobra impuestos y a la hora de la verdad, qué pringuen los Ayuntamientos, que obviamente no tienen viviendas.