EFE / Agentes de la Policía Nacional han requisado los teléfonos móviles de dos redactores de Diario de Mallorca y Europa Press en las sedes en Palma de ambas empresas, en las que también han requerido la entrega de ordenadores, en el marco de la investigación sobre una filtración periodística. Cabe destacar que el secreto profesional de los periodistas está recogido en el artículo 20 de la Constitución, junto a la libertad de información, y es uno de los derechos fundamentales en un Estado democrático liberal.
Según han informado fuentes de ambos medios, la Policía ha actuado en cumplimiento de una orden del juzgado de instrucción 12 de Palma, que instruye la causa de presunta corrupción conocida como caso Cursach.
Los agentes policiales han requerido a los periodistas información sobre las fuentes de un informe policial sobre la actividad fiscal de las sociedades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, que se publicó a pesar de que la pieza estaba declarada secreta.
En el registro en Europa Press, tres policías y una agente judicial han pedido a una redactora que les facilitara el informe sobre las contribuciones tributarias del Grupo Cursach sobre el que publicó una noticia a principios del pasado mes de julio y que revelara cómo lo había obtenido.
Secreto profesional
La periodista, que se ha acogido al secreto profesional, les ha entregado su teléfono móvil y además los agentes se han llevado su ordenador portátil y uno de sobremesa.
Según ha informado la empresa, los investigadores han impedido que la informadora se comunicara con sus servicios jurídicos para pedir asesoramiento.
A un redactor de Diario de Mallorca también le ha sido requisado su teléfono móvil. Los policías han reclamado asimismo la entrega de los equipos informáticos empleados por el periodista, pero los responsables del periódico han rehusado facilitárselos.
La investigación de la filtración, solicitada al juez por la Fiscalía y los representantes legales de Cursach y su ex director general Bartolomé Sbert, se ha venido desarrollando durante los últimos meses. Los investigadores también requirieron información por orden judicial en su día a la Agencia EFE.
Tanto el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares como la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares se han pronunciado en redes sociales en contra de la intervención policial y de la orden dictada por el juzgado de instrucción número 12 porque entienden que supone una vulneración del derecho al secreto profesional amparado por la Constitución.
