EFE / Los equipos de intervención contra el Covid formados por inspectores del Govern y de los consells insulares y por agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, han levantado 308 actas en las 495 actuaciones llevadas a cabo desde su puesta en funcionamiento el 10 de julio, informó la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización este lunes. En Ibiza, esta última semana, se han realizado cinco inspecciones y se han levantado tres actas.Shortcode
La pasada semana por primera vez, los operativos coordinados por la Dirección General de Emergencias e Interior actuaron en bares y establecimientos ubicados en polígonos industriales con la finalidad de mejorar el grado de cumplimiento de la normativa en este entorno caracterizado por los almuerzos en grupo en los que no siempre se respeta la distancia interpersonal.
En concreto, sumando las intervenciones en locales de polígonos y las habituales en establecimientos de ocio, se realizaron 40 inspecciones y se levantaron 25 actas entre el 24 y el 30 de agosto. Por islas, el balance semanal deja 30 inspecciones en Mallorca con un resultado de 17 actas levantadas (Palma, Binissalem, Campos, Selva y Sineu), cinco intervenciones en Menorca, todas con acta (Migjorn Gran y Alaior), y cinco inspecciones en Ibiza, con tres actas levantadas (Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja y Santa Eulària des Riu).
El incumplimientos de las normas relativas a la Covid-19, en vigor desde el viernes 10 de julio, prevé sanciones de entre 100 y 3.000 euros para las infracciones leves, de entre 3001 y 60.000 euros para las graves, y de entre 60.001 y 600.000 euros para las consideradas como más graves. Se consideran infracciones leves, pero con sanciones hasta los 100 euros, no usar mascarilla cuando sea obligatorio y fumar en espacios de uso público.
La consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ya ha firmado las primeras comunicaciones de inicio de procedimiento sancionador a los infractores, que ahora tendrán posibilidad de hacer las alegaciones que consideren, en el marco del proceso de instrucción que tendrá que determinar el grado de la infracción detectada, según las circunstancias concretas de cada caso.
