NouDiari / La Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF) y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) han manifestado su apoyo a través de un comunicado conjunto al Plan de Recuperación Económica, Social y Ambiental presentado ayer por el Consell de Ibiza y que consta de 45 medidas «que tienen como objetivo estimular la inversión pública y privada y luchar de forma más eficaz contra el intrusismo».
«Este documento es fruto de muchas reuniones mantenidas las últimas semanas en el marco del diálogo social entre el Consell, las asociaciones empresariales y los sindicatos», subrayan las patronales ibicencas.
Así, «todas las partes han podido presentar sugerencias para tratar de reactivar la economía tras el mazazo que ha supuesto la epidemia del coronavirus SARS-CoV-2 para todos los sectores económicos», añaden.
En la línea de las 45 medidas propuestas, desde el sector empresarial apuntan que siempre han defendido «una necesaria agilización de los procedimientos administrativos, exageradamente farragosos en algunos casos y directamente inútiles en otros, por lo que consideramos muy importantes las propuestas contenidas en el documento».
Actividad constructora sin consumir territorio
En el aspecto de ordenación territorial, consideran que, en el marco de no consumir más territorio, «se ha hecho lo posible para que pueda generarse actividad en el sector de la construcción (ya sea residencial, mediante las reformas de carácter energético, o turística, manteniendo las posibilidades de reforma para el sector hotelero)».
También valoran las medidas para luchar contra el intrusismo de forma más efectiva. «Para defender a nuestros empresarios y a nuestros trabajadores, que son quienes pagan sus impuestos y cumplen con la legalidad, es absolutamente imprescindible que la Administración cuente con las armas necesarias para sancionar y expulsar toda aquella oferta ilegal que no aporta absolutamente ni a la economía ni a la sociedad ibicenca», exponen.
Tanto Caeb como Pimeef creen muy positivo el acuerdo político conseguido en la institución insular y solicitan que tanto el Govern Balear como el Parlament, en el ámbito de sus competencias, «tomen en consideración las modificaciones legales solicitadas de la forma más rápida y efectiva posible».
