Al menos 25 personas resultaron heridas durante la carga policial registrada en el transcurso de la manifestación del 26 de julio en Mallorca, «una marcha que había sido debidamente comunicada, masiva y pacífica». Así lo han dado a conocer este miércoles los organizadores de la protesta durante una rueda de prensa en la que han hecho balance de las lesiones sufridas y anunciaron los primeros pasos legales contra los responsables de la actuación.
El portavoz de Alerta Solidària, entidad que asume el acompañamiento jurídico de la plataforma convocante, ha explicado que las 25 personas que se han puesto en contacto con la organización aseguran haber recibido golpes de porra sin que mediara causa que los justificara.
A ello se suma la denuncia de que la policía negó la asistencia médica in situ a los heridos y bloqueó el acceso a quienes intentaban socorrerlos.
De las 25 personas afectadas, 16 requirieron atención médica, la mayoría por hematomas y contusiones diversas cuya recuperación se estima entre dos y tres semanas.
Dos personas sufrieron fracturas craneales de mayor gravedad. Una de ellas necesitó seis puntos de sutura y pudo recibir el alta a media mañana del día siguiente, mientras que la otra permaneció hospitalizada durante dos días en observación tras detectársele una hemorragia interna, con un diagnóstico que los organizadores calificaron de reservado.
A partir de los informes médicos emitidos por hospitales y centros de asistencia ya se han presentado las denuncias correspondientes. La organización trabaja además en el análisis de las numerosas imágenes recopiladas durante la jornada con el objetivo de identificar al mayor número posible de agentes, atribuirles las acciones lesivas concretas y trasladar esa información a los juzgados.
Con los casos más claros y graves se estudia presentar querellas, una vía que por el momento se centrará en las dos personas que sufrieron las lesiones más severas. Paralelamente se valora denunciar a los mandos policiales por un posible delito contra el legítimo ejercicio del derecho fundamental de manifestación, recogido en el artículo 540 del Código Penal, que contempla la inhabilitación profesional por periodos de entre cuatro y ocho años.
Los organizadores han querido dirigir también un mensaje de apoyo tanto a las dos personas que sufrieron fracturas craneales como a la veintena larga que recibió golpes en piernas, brazos y espalda, sin olvidar a quienes, sin haber sido golpeados, presenciaron la actuación policial. El mensaje fue inequívoco al afirmar que no las dejarán solas.
A las autoridades gubernamentales y policiales la plataforma les trasladó dos exigencias. La primera pasa por la asunción de responsabilidades, que se traduce en la dimisión del Delegado del Gobierno y en la explicación completa de la cadena de mando de la jornada, así como de las órdenes concretas que degeneraron en unos desórdenes públicos que, según sostienen, eran inexistentes hasta el momento de la actuación policial. Reclaman dimisiones, explicaciones y medidas que garanticen que los hechos no vuelvan a repetirse.
La segunda exigencia reiteró la determinación del movimiento con estas palabras «Estamos donde pasó todo porque no tenemos miedo. No dejaremos que la violencia policial coaccione a un movimiento social y político que tiene razón, que tiene legitimidad y que es mayoritario en la isla. No hacer nada para revertir los efectos desastrosos del turismo masivo sí que nos da miedo, pero vuestra represión no. No nos detendréis.»
De cara a los próximos días, el portavoz de Menys Turisme Més Vida, Jaume Pujol, recordó que este sábado está prevista una nueva movilización en Sóller y pidió expresamente que las personas uniformadas que protagonizaron episodios de violencia durante la marcha de Ciutat no acudan a la cita. Pujol hizo un llamamiento de confianza a la sociedad mallorquina, de la que se mostró convencido que responderá de forma masiva, y aseguró que la organización pondrá toda su atención en que la movilización sea un éxito.
