El pasado viernes día 3 de marzo, la presidenta de la Associació d’Afectats per la Llei de Costas a Eivissa -AALCE- Aixa Torres y varios afectados, junto con diferentes miembros del plenario y técnicos de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, mantuvieron una reunión con la candidata del PP Margalida Prohens y con el senador y diputado nacionales, José Vicente Marí Ramón y Miguel Jerez.
Los afectados expusieron a Prohens la diversa y compleja problemática que afecta a las empresas ibicencas, tanto a los propietarios como a los concesionarios que están ubicados en dominio público y en la Servidumbre de Protección. Según relata Aixa Torres “la preocupación en el sector de los negocios ubicados en dominio público es enorme. Hay una gran incertidumbre por lo que pueda ocurrir en aplicación del nuevo decreto aprobado este mes de agosto, que introduce criterios que conducen a la arbitrariedad y la inseguridad jurídica por los conceptos que aplica”. “La realidad es que estamos asistiendo a la apertura de muchos expedientes de reversión de propiedades y concesiones al Dominio Público. Cada día aparece una nueva noticia de cierre y derribo en la prensa. Es un situación de gran inseguridad jurídica”.
Por su parte, la Secretaria General de la Cámara de Comercio, Dolores Tur, planteó la posibilidad de que a nivel nacional se abra un debate sobre el modelo de costa que realmente queremos los españoles. “Desde la aprobación de la Ley de costas en 1988, se han ido elaborando normas que solo han supuesto parches y soluciones que no han llegado a ejecutarse. En un noventa por ciento de los casos, a día de hoy la Demarcación de Costas no ha resuelto ni tan siquiera la situación de los propietarios con titulo registral que vieron como su propiedad pasaba a ser de titularidad estatal, sin un proceso justo de expropiación. Sin una compensación económica”. “A pesar de los más de cuarenta años transcurridos a día de hoy, en las Pitiusas al menos, siguen sin resolverse los expedientes concesionales”.
Torres manifestó que “la reunión ha sido muy positiva”. Entre otros temas Margalida Prohens, según Torres “se comprometió revisar el traspaso de competencias que se ha efectuado desde el Gobierno Central. En realidad este traspaso es “papel mojado” ya que solo se transfiere la potestad de instruir los expedientes administrativos de tema concesional y sancionadores en la zona del Dominio Público (hasta ahora Baleares solo tenía la Servidumbre de Protección y tránsito). Madrid sigue teniendo el poder final de decisión, y el cobro de sanciones y canon se reserva también al Ministerio”.
“Nos pareció muy positiva la voluntad de crear una herramienta especifica para abordar el tema del Litoral, de la Costa en Baleares, dado que afecta a un gran número de empresas y supone un sector muy importante de nuestra economía” declaró Tur. Por su parte el diputado Miguel Jerez y el Senador José Vicente Marí Bosso informaron de que es clara la necesidad de abordar una modificación de la Ley de Costas desde una perspectiva nacional; es necesario diferenciar entre un antes y un después. «Es evidente que de cara a futuro no pueden tolerarse construcciones nuevas en zonas sensibles. Pero es necesario compatibilizar lo ya ejecutado con la presencia y acción del hombre, su utilidad en la vida y en la actividad económica de muchas familias».
Esta misma semana la Cámara y AALCE tienen prevista una reunión con el Presidente del Consell Insular, Vicent Marí para analizar detenidamente el contenido y consecuencias del Recurso Contencioso Administrativo que el órgano insular planteó contra el Real Decreto 668/2022 aprobado este verano pasado.
