NouDiari / Absoluta indignación de los Sindicatos CCOO Construcción y Servicios Baleares y CSIF por lo que consideran una actuación “reiteradamente negligente” de la Inspección de Trabajo en lo relativo a las denuncias interpuestas contra la mayor empresa de Seguridad Privada de Baleares.
Los miembros de las Secciones Sindicales de ambas formaciones manifiestan estar hartos de que la Inspección de Trabajo se dedique sistemáticamente a “lanzar balones fuera” cuando llega a sus manos cualquier denuncia relacionada con esta empresa.
Todas estas denuncias presentan un denominador común “que es el absoluto desprecio y el ninguneo constante al que la mercantil tiene sometidos a los representantes de los trabajadores y que se traduce, por ejemplo, en no haber convocado ni al Comité de Empresa ni al Comité de Seguridad y Salud a ninguna reunión tras la declaración del estado de alarma, negarse a facilitar documentación a la representación de los trabajadores o desoír sus requerimientos en materia de salud laboral, en especial en lo referente a proveer a su plantilla de equipos de protección (algo crucial teniendo en cuenta la crisis sanitaria por la que atravesamos) o la elaboración de protocolos de actuación específicos contra el Covid-19, en estricto cumplimiento de las recomendaciones y protocolos de IBASSAL (Instituto Balear de Salud y Seguridad Laboral) para el sector de la Seguridad Privada, y el cumplimiento de las directrices decretadas por los Ministerios de Sanidad y Trabajo”, explican en una nota.
Según manifiestan ambos Sindicatos, la mercantil -que habría presentado, el pasado 3 de abril, un ERTE que, sólo en Baleares, afectaría a más de 700 trabajadores y del que el Comité ni tan siquiera habría recibido notificación previa- se estaría negando a facilitar a la representación de los trabajadores documentación relevante (como son cuadrantes de trabajo) que pone de manifiesto las irregularidades que la empresa estaría cometiendo en relación con este expediente de regulación temporal de empleo; el cual, “pese a no haber recibido autorización expresa por parte del Ministerio de Trabajo; la mercantil, en un ejercicio de arrogancia, se habría atribuido la potestad de considerarlo tácitamente aprobado por silencio administrativo positivo; procediendo de facto a la suspensión de contratos y reducciones de jornada de los trabajadores afectados”.
“Cuando se da traslado de estos presuntos y, como sucede con la no entrega de documentación, reiterados incumplimientos a la Inspección de Trabajo; algunos de los cuales, en la medida en que afectan a la salud e integridad física de los trabajadores, revisten la suficiente gravedad como para que la Inspección actúe de oficio, sin necesidad de denuncia; este organismo, de manera sistemática, o da carpetazo al asunto –en algún caso con excusas peregrinas, como que en el actual momento de crisis sanitaria hay asuntos más importantes- o se declara incompetente o emite resoluciones en base únicamente a las alegaciones de la empresa; sin que, en ningún momento, se cite a los Sindicatos denunciantes para que puedan rebatir los argumentos empresariales”, finalizan.
