EFE / Más de 200 periodistas han firmado una carta dirigida a la fiscal general del Estado, María José Segarra, en la que reprochan que el ministerio público haya avalado una «intromisión intolerable e inédita» en el derecho a la información al apoyar la incautación de teléfonos y ordenadores de informadores.
Los periodistas -de distintos medios y provincias- han pedido a Segarra que reflexione y rectifique tras las entradas y registros en medios de comunicación de Palma y la incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentación de varios reporteros por un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el caso Cursach.
Los informadores han entregado en mano la misiva a la máxima responsable de la Fiscalía, quien ha dicho entender la «inquietud» generada, pero ha afirmado que los jueces y los fiscales velan por la libertad de expresión y por el secreto de las fuentes periodísticas.
Sin embargo, los periodistas, «sumamente alarmados», subrayan que lo ocurrido ayer es «un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna.
«Una actuación impropia»
«Nos parece una actuación impropia de una Fiscalía defensora de la legalidad que, por encima del único secreto que la Constitución recoge expresamente, que es el relacionado con el derecho a la información, se haya impuesto el interés en conocer quiénes informan a los periodistas sobre un asunto de corrupción», afirman.
Los informadores advierten de que esa actuación que ha respaldado la Fiscalía «sume, además, en la más absoluta indefensión a periodistas que ven lesionados sus derechos constitucionales, sin poder hacerlos valer en una causa en la que no son parte», al no estar investigados en la misma.
«Cuando acaba de cumplirse el 40 aniversario de la Constitución, lamentamos que una fiscal general que accedió al cargo con promesas de transparencia y de defensa de la información se convierta en la primera responsable del Ministerio Público que respalda una intromisión intolerable e inédita en los derechos fundamentales que garantiza el artículo 20», añaden.
Por ello, piden «encarecidamente» que reflexione «sobre esta crítica situación» y confían «en que se esté a tiempo de rectificar».
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