La candidata ibicenca del PSOE al Congreso de los Diputados, Milena Herrera, ha asegurado este martes que los socialistas convertirán la vivienda “en el quinto pilar del estado de bienestar” con medidas como el fomento de la vivienda pública y el tope a los precios de los alquileres.

Herrera, que ha afirmado que su partido defenderá a la ciudadanía de las islas de la “especulación y los abusos”, ha advertido en un comunicado que la receta de PP y Vox es dejar toda la iniciativa a la “especulación privada”, lo que provoca casos como las 16 familias de Santa Eulària “amenazadas de quedarse en la calle”.

La candidata ha remarcado el objetivo de convertir la vivienda en un pilar más del estado de bienestar porque es “fundamental” para que las personas puedan desarrollar su vida y construir un proyecto personal, “especialmente los jóvenes y aquellos en situación de vulnerabilidad económica”, ha añadido.

Milena Herrera ha manifestado que “la receta del PP y Vox en materia de vivienda es dejar toda la iniciativa a las empresas privadas, lo que provoca casos como el de las dieciséis familias de Santa Eulària que están amenazadas con quedarse en la calle por culpa de un fondo especulador”.

La candidata socialista se ha comprometido a defender la primera Ley de Vivienda de la democracia para “frenar los abusos del mercado”, una normativa que “cumple con la función social de la propiedad” y se fundamenta en la “cooperación entre administraciones”, así como en la lucha contra la “especulación urbanística y en el ámbito de la vivienda”, ha enumerado.

Entre otras medidas, ha recordado que la ley establece la posibilidad de poner límite a los alquileres en zonas tensionadas, algo que “sin duda” beneficiará a las islas, por lo que no permitirán que PP y Vox la deroguen, “como quieren hacer con tantas otras leyes de avances sociales conseguidos en los últimos años”, ha dicho.

Herrera ha insistido en que la ley de vivienda constituye “un hito en la democracia”, ya que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y busca garantizar el acceso a la misma, imponiendo su consecución como una “obligación para los poderes públicos”. EFE