EFE / Diversas organizaciones periodísticas han rechazado la incautación de documentación, ordenadores y teléfonos efectuada hoy por la Policía en las sedes baleares de Diario de Mallorca y Europa Press en el marco de la investigación sobre una filtración periodística.
En concreto, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) han rechazado este requerimiento de los agentes y han mostrado su apoyo a los compañeros de dichos medios.
«Esta incautación vulnera el derecho de los periodistas al secreto profesional, en el que se basa la protección de sus fuentes, y que incluye los documentos y los equipos con los que trabaja el reportero», subraya la FAPE en un comunicado.
Recalca además que en los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información.
La federación recuerda que el secreto profesional es un derecho de los periodistas y tiene una doble finalidad: amparar al profesional de los requerimientos de terceros para que revele sus fuentes, así como a la fuente que le ha suministrado la información.
Por ello, la FAPE considera que los periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press no están obligados a revelar quiénes le facilitaron la información «y mucho menos a entregar los documentos y los equipos con lo que desarrollan su trabajo».
«La jurisprudencia sostiene que la libertad de información legitima la actuación de los medios y de sus periodistas, al tiempo que hace prevalecer el derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la noticia cuestionada es veraz, se refiere a asuntos de interés general o de relevancia pública y está debidamente contrastada», insiste la FAPE.
Devolución del material
Por ello, la federación exige la devolución del material incautado y la aclaración de los hechos, además de respaldar todas las actuaciones que lleve a cabo la Asociación de Periodistas de Baleares en defensa de los periodistas y de sus medios.
Desde Acijur han mostrado su más «contundente» oposición a cualquier actuación policial o judicial «que ponga en entredicho el derecho a la confidencialidad de las fuentes».
Y han hecho hincapié en que ni los periodistas afectados ni sus medios están siendo investigados «por el fondo del denominado ‘caso Cursach’, sino por una información periodística producida supuestamente a raíz de una filtración relativa al citado asunto, en la que se daba cuenta de determinados hechos, nunca desmentidos».
Para Acijur, los medios de comunicación «han mostrado, muestran y mostrarán siempre un decidido compromiso de apoyo a las instituciones del Estado de Derecho», si bien consideran que este deber no puede entenderse fuera de los principios constitucionales que rigen en España y que, entre otros derechos, amparan el secreto profesional.
Un hecho «muy grave»
Por su parte, la PDLI ha calificado de «muy grave» el hecho de que la Policía haya requisado material de los periodistas y ha mostrado su apoyo a la agencia de noticias.
A través de Twitter ha recordado que «los investigados no tienen que entregar contraseñas» y que «el derecho al secreto profesional y al silencio es irrenunciable para todo periodista», así como un pilar de la libertad de prensa.
También se han pronunciado en redes sociales tanto el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares como la Asociación de Periodistas de esa comunidad, que entienden que la intervención policial y la orden dictada por el juzgado de instrucción número 12 de Palma supone una vulneración del derecho al secreto profesional amparado por la Constitución.
