@Noudiari/ El grupo Popular en el Ayuntamiento de Eivissa solicitará al equipo de Gobierno explicaciones sobre las consecuencias que tendrá para la tramitación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la renuncia del arquitecto contratado para emitir el informe sobre el resultado de la exposición pública y elaborar y redactar las modificaciones de carácter urbanístico surgidas en atención a las enmiendas y alegaciones acordadas para la aprobación definitiva de esta norma urbanística.
Los ‘populares’ han acusado al alcalde Rafel Ruiz de “ocultar esta renuncia a los vecinos del municipio y a los grupos de la oposición”, a pesar del ofrecimiento de “total colaboración” que siempre ha brindado el Partido Popular, quien inició el procedimiento para dar solución a un problema que es consecuencia directa de los “errores del PSOE en el proceso de aprobación” de este instrumento de planeamiento iniciado en 2003.
Los ‘populares’ han informado de que hace poco más de una semana el primer teniente de alcalde, Alfonso Molina, firmó el decreto número 2950 para declarar resuelto el contrato de servicios de «Redacción de Elaboración, análisis y redacción de las memorias y documentación gráfica de orden urbanístico del Plan General de Ordenación Urbanística de Eivissa» formalizado el 28 de octubre de 2015 entre el Ayuntamiento y el arquitecto Ángel García de Jalón Lastra, dada la renuncia expresa del contratista –presentada el 25 de abril de 2017- a continuar ejecutando los trabajos contratados.
El contrato firmado con García de Jalón, por un precio de 53.845 euros y una ejecución por plazos parciales de 3 meses y medio, incluía la formulación de un Avance del Plan (fase 1); la emisión de informe resumen del resultado de la exposición púbica y solicitud de informes a las administraciones correspondientes de la aprobación inicial del Plan (fase 2); la elaboración y redacción de las modificaciones de carácter urbanístico para la aprobación provisional, atendiendo a las alegaciones, observaciones e informes recopilados, debiéndose realizar en un año desde la aprobación inicial (fase 3) y, la elaboración y redacción de las modificaciones surgidas en atención a las enmiendas o alegaciones acordadas, en su caso, por el órgano competente para la aprobación definitiva (fase 4).
Renuncia por haber plazos «cortos»
El contratista, que únicamente ha ejecutado y cumplido la fase primera del contrato, según han informado desde el PP, solicitó en junio del año pasado la resolución por mutuo acuerdo entre ambas partes del contrato de servicios, alegando, entre otros motivos, «que el servicio incluía ‘tareas indeterminadas’ y por considerar que ‘los plazos de ejecución son cortos'».
Según han relatado desde el PP, el Ayuntamiento inadmitió en noviembre la petición de resolución de mutuo acuerdo por no darse las causas legales del mismo según los servicios técnicos y jurídicos del Consistorio y, en febrero, se remitió al arquitecto el resultado de las alegaciones e informes presentados durante el plazo de exposición pública de la aprobación inicial de la Revisión del Plan General, con el fin de ejecutar la fase 2 del contrato, que debía cumplimentar antes del 13 de marzo, «plazo que incumplió, reiterando su voluntad de no continuar prestando el servicio». Finalmente, el 25 de abril de 2017 (Registro de Entrada número 1305), el contratista presentó por registro electrónico la renuncia expresa a continuar con la prestación del servicio y desistió del recurso contencioso que había interpuesto contra el Ayuntamiento.
Los ‘populares’ han denunciado la “nula la información que ha ofrecido el equipo de gobierno a los vecinos del municipio y los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento sobre estos hechos, que retrasarán aún más la tramitación del PGOU de la ciudad» y han exigido a PSOE-Guanyem explicaciones sobre su “falta de transparencia, más aún teniendo en cuenta el ofrecimiento permanente de colaboración del Partido Popular en este asunto”.
A juicio del Partido Popular, “como consecuencia de los errores de tramitación de los gobiernos socialistas, el Tribunal Supremo declaró en 2015 la suspensión de la revisión del PGOU de Eivissa, pero el PSOE sigue persistiendo en las mismas actitudes”. Los ‘populares’ recuerdan que fue el Partido Popular quien tuvo que adoptar, en sólo unos meses y al final del mandato anterior, «las primeras decisiones urgentes para solucionar este grave problema, mediante la suspensión de la tramitación de licencias y la aprobación de un Avance para iniciar la tramitación de un nuevo planeamiento que, dos años después, el PSOE ni ha acabado ni sabe cuándo acabará”.
