La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha descartado este martes en el Parlament establecer restricciones a la venta de viviendas a los extranjeros en Baleares y se ha mostrado partidaria de dar prioridad a los residentes en el acceso a todas aquellas que se construyan con fondos públicos.
«Prioridad para residentes sí pero no sobre los hombros de los ciudadanos de estas islas», ha respondido Prohens al diputado de Més per Menorca Josep Castells, que le ha preguntado su opinión sobre la propuesta legislativa de su partido de restringir la venta de viviendas a residentes en las islas o personas con vínculos económicos o sociales prolongados, en aquellas zonas donde se declare la emergencia habitacional.
Castells ha advertido de que la «altísima» demanda de vivienda para segunda residencia por parte de extranjeros con un alto poder adquisitivo dispara los precios, algo que tiene como efecto la falta de vivienda para las familias de Baleares.
Ha añadido que ese fenómeno genera también otros efectos como la transformación de la oferta comercial porque desaparece la pensada para residentes y prolifera la diseñada para el visitante ocasional; cambia el paisaje urbano que los pueblos que «se desertizan»; y además contribuye a la fuga de talento porque los jóvenes que salen no pueden volver por la dificultad de tener vivienda.
Castells ha preguntado a la presidenta si está de acuerdo con la propuesta legislativa de Més per Menorca que busca dar prioridad a los residentes en las compraventas de vivienda.
Prohens ha defendido que «efectivamente ha llegado el momento de pensar en vivienda para los residentes de Baleares, familias, jóvenes, rentas medias y trabajadores», después de «8 años del Govern de izquierdas en los que se construyó más vivienda de lujo y para compradores extranjeros que nunca».
Se ha mostrado partidaria de que «se dé absoluta prioridad a los residentes» en las viviendas impulsadas con herramientas de la administración para hacer frente a la emergencia habitacional, ya sean viviendas públicas o asequibles.
Ha dicho que precisamente esa es una de las novedades del decreto del Govern para impulsar proyectos residenciales estratégicos, de manera que para acceder a viviendas de protección o de precio limitado se ha de acreditar residencia mínima de 5 años.
Ha subrayado que ese plazo es un mínimo que puede ser más extenso si así lo establecen los ayuntamientos y ha puesto como ejemplos que en Esporles se han fijado 7 años, los mismos que en la promoción de vivienda pública en construcción en Paguera, en Calvià, mientras que en Sencelles se han fijado 10 años de residencia para acceder a la promoción proyectada en el municipio.
Castells ha reclamado a Prohens que vaya más allá con «medidas más valientes» como la que propone Més per Menorca.
Prohens ha insistido en que sí es partidaria de dar prioridad de acceso a los residentes en vivienda pública a o de precio limitado, como ya se está haciendo porque «lo posibilidad el Govern y se hace de una manera u otra con fondos públicos; pero no podemos decirles a las familias de Baleares a quien han de vender su casa».
Lo ha justificado porque la UE consagra la libre circulación y por respeto a la propiedad privada. Prohens ha dicho a Castells que no se puede prohibir que se vendan propiedades durante 2 años a no residentes «sólo porque a usted no le guste».
EFE
