@Noudiari / La Asociación PROU ha presentado esta semana ante el Govern balear una lista de alegaciones al anteproyecto de de la Ley de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Illes Balears, porque considera que sus preceptos no son compatibles «con el respeto al medio ambiente, el patrimonio cultural y el territorio» de las islas. En ella se pide la retirada de la ley por no cumplir los objetivos de garantizar un turismo sostenible, por no tener en cuenta las peculiaridades de cada isla (Eivissa y Formentera ni siquiera se citan).
PROU considera que el texto de la nueva ley en proceso es «confuso y contradictorio» y que supone «la legalización de plazas turísticas sin tener en cuenta su efecto sobre el medio ambiente y el territorio y un aumento en el techo de plazas turísticas existentes», en referencia a que se permita el alquiler turístico en edificios plurifamiliares.
Afirma la asociación que «nos encontramos ante un caso asimilable a una amnistía fiscal como la llevada a cabo por el gobierno central, donde se perdona y se premia a los infractores, legalizando el dinero que tenían declarado en paraísos fiscales. Aquí nos encontramos en una situación similar. A quienes se han enriquecido alquilando viviendas turísticas sin declarar estos ingresos, ahora se les permitirá legalizar la actividad, si quieren y si no, dejar de realizarla, sin consecuencias punitivas para las infracciones/ilegalidades que se hayan podido cometer».
Apoyándose en la Carta Europea del Turismo Sostenible (de la conferencia mundial de Turismo Sostenible celebrada en Lanzarote en abril de 1995), la asociación asegura que la ley balear incumple incluso sus propios objetivos de garantizar la compatibilidad del turismo con el respeto al medio ambiente, el patrimonio cultural y el territorio. «No se tiene en cuenta las recomendaciones reflejadas en la Carta Europea del Turismo Sostenible, que define el concepto de desarrollo sostenible como “un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Esta forma de desarrollo implica la conservación de los recursos para las generaciones futuras, un desarrollo viable y un desarrollo equitativo.”
Asimismo, señala también PROU que el anteproyecto de ley no tiene en consideración que el archipiélago está compuesto por cuatro islas y no tiene en cuenta las peculiaridades de Eivissa y Formentera, a las que ni siquiera cita. Por ello, situaciones que deben considerarse, como la sequía o el problema de acceso a la vivienda se pasan por alto.
Por todo ello, PROU pide la retirada de la ley, «por el incumplimiento sistemático de las recomendaciones y premisas, en relación con la definición de turismo sostenible, de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que este Govern asume en sus consideraciones, aunque proponiendo incomprensiblemente, una ley que derivará hacia el lado contario».
