El sindicato FSIE ha reclamado este viernes que se abone a los docentes de la enseñanza concertada los mismos incrementos salariales para 2022 pactados para los empleados de los centros públicos.
«Si los recortes se les aplican en la misma medida que a los funcionarios, la misma regla debe regir para las subidas salariales», explica la organización en un comunicado en el que detalla que ha registrado por escrito su reivindicación en la Conselleria de Educación.
Su demanda plantea que en la nómina de noviembre se aplique la subida a los profesores de concertada y atención a la discapacidad, que cobran de la Conselleria aunque sus empleadores sean los centros privados de financiación pública.
Los sindicatos mayoritarios y la administración autonómica formalizaron este jueves un acuerdo por el cual los empleados públicos cobrarán antes del 30 de noviembre un incremento salarial del 1,5 % a contabilizar desde enero de este año.
«Si el Govern ha aplicado a los docentes en pago delegado de los centros concertados los mismos recortes y congelaciones que a los funcionarios, ahora, por la misma regla de tres, se les debe aplicar las subidas salariales en el mismo tiempo y forma», incide FSIE.
El sindicato STEI, por su parte, ha exigido este viernes a la Conselleria de Educación «garantías» para la firma de un nuevo acuerdo de mejora de la enseñanza pública.
En un comunicado, el STEI recuerda que en la pasada mesa sectorial de educación ya manifestó que la propuesta de la Conselleria de Educación de este nuevo acuerdo «llega muy tarde».
De hecho, considera que el nuevo acuerdo en el sector podría haberse comenzado a desarrollar en noviembre de 2018 ya que la pandemia no se inició hasta diciembre 2019 y sus efectos más graves llegaron en el año 2020. «Por tanto, había tiempo», ha lamentado.
En opinión de este sindicato, medidas como la reducción de horas lectivas en el cuerpo de maestros, que debe concretarse en las 23 horas, la carrera profesional o la reducción de ratios, que se temporalizan a 4 años, o alcanzar en dos años las 18 horas lectivas en secundaria, «se dilatan demasiado en el tiempo», por lo que «es necesario acortar su calendarización».
Por otra parte, en la propuesta de acuerdo se incluyen otras medidas que, según este sindicato, no son competencia de la Conselleria de Educación y Formación Profesional, como la Mesa de la Función Pública y, por tanto, no puede garantizar su cumplimiento, así como cuestiones que ya están pactadas u otras que «están obligados a hacer y parece» que han sido incluidas para «rellenar».
Por su parte, ANPE ha dado apoyo a la subida salarial que afectará los docentes aunque ésta les ha parecido «insuficiente» si la contrastan con la subida del IPC.
«El Director General Joan Ignasi Morey, nos ha informado que el proyecto de presupuestos para el 2023 son expansivos, incrementándose más de un 15% que el año anterior, donde el gasto a Educación subirá en 110 millones, llegando a los 1244 millones de euros», añaden.
«Desde el sindicato hemos advertido que la carestía de la vida en las islas se hace insostenible, especialmente si se trata de Menorca, Ibiza o Formentera, donde maestros y profesores pierden dinero por ir a trabajar. Por ello, ante estas esperanzadoras cifras, hemos exigido de que se incluya una partida económica para actualizar “el plus de insularidad” y el pago de la congelación que sufrimos al 2020 solo en las Islas Baleares», insisten.
Desde ANPE reclaman «un nuevo periodo de negociaciones reales con Educación, con conocimiento de los márgenes presupuestarios, mejoras retributivas y laborales consensuadas, reducciones lectivas, flexibilizaciones curriculares y disminución de la burocracia del profesorado, entre otros aspectos», concluyen.
EFE / Redacción
