@Noudiari/ El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha asegurado que el Pacto de Funcionarios firmado con sus trabajadores municipales señala en su artículo 45 que “todos los funcionarios que sean inculpados o procesados como consecuencia del empleo de las funciones que tengan encomendadas, dispondrán de abogado y procurador, designado al efecto por el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany“. Por tanto, el Consistorio sostiene que no tiene más alternativa que proporcionar la asistencia jurídica al aparejador municipal condenado por la Audiencia Provincial por prevaricación.
El Ayuntamiento ha decidido dar a conocer esta información cuando el aparejador, Miguel Ángel Martín Miralles, ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia condenatoria de la Audiencia. El Consistorio asegura que hasta que el recurso no se haya resuelto no puede supervisar la demolición del edificio ilegal que motivó la condena, y que la obligación del derribo corresponde a los acusados.
