El pleno ordinario del mes de abril del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha aprobado por unanimidad el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) y el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (PAMIN), dos documentos clave para la gestión de emergencias y la protección de la población ante riesgos en el municipio.
Ambos planes son obligatorios según la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y están diseñados para garantizar una respuesta eficiente ante emergencias, así como para prevenir y mitigar los posibles riesgos.
El PEMU busca identificar los riesgos más relevantes que podrían afectar al municipio, como incendios, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos. Además, establece los recursos disponibles y los mecanismos de coordinación entre el Ayuntamiento y otras administraciones para una respuesta eficaz.
Por su parte, el PAMIN está centrado en la gestión de inundaciones y define protocolos específicos de actuación para proteger a la población y el entorno, con un catálogo actualizado de las zonas más vulnerables.
Ambos planes están alineados con las normativas regionales del Plan Territorial de Emergencias de Baleares (PLATERBAL) y del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (INUNBAL), lo que permite una actuación integrada y coordinada a nivel regional.
Por otra parte, la sesión plenaria también ha aprobado, con el voto en contra de PSOE y la abstención de Unidas Podemos y Vox, la moción presentada por el Partido Popular para instar al Gobierno de España a garantizar la continuidad y sostenibilidad del sistema de subvenciones al transporte aéreo para residentes. Entre las demandas principales se incluyen el pago urgente de los 810 millones de euros pendientes a las aerolíneas, la aprobación de un crédito extraordinario de 1.200 millones para los ejercicios 2024 y 2025, y la creación de un sistema de pagos eficaz que evite retrasos en la liquidación de las ayudas.
Asimismo, se reclama una solución que permita a las agencias de viajes cobrar puntualmente los gastos de gestión de billetes subvencionados y se solicita el refuerzo del compromiso estatal con la movilidad de los ciudadanos de Baleares y otros territorios insulares. La moción será remitida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.
El pleno también ha acordado, con la abstención de PSOE, la renovación de dos convenios de colaboración con la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA), centrados en mejorar la red de saneamiento y depuración de aguas residuales.
El primero, firmado junto a Sant Josep, está vinculado a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Sant Antoni – Sant Josep. El segundo, junto a Eivissa y Santa Eulària, corresponde al sistema asociado a la EDAR de Eivissa, que recoge aguas residuales urbanas de distintos núcleos del municipio.
Ambos convenios permiten seguir avanzando en la gestión eficiente de las aguas residuales urbanas y se financiarán íntegramente mediante el canon de saneamiento.
Los grupos políticos, con la abstención del grupo municipal Vox, también han acordado el cambio de denominación de un tramo de la vía Camí des Portitxol por calle Nuno Sanç, para evitar la duplicidad de nombres con otra vía en el municipio.
Finalmente, el pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el PSOE para la implementación de ayudas y medidas que garanticen la retirada segura de amianto en el municipio.
El Plan Director Sectorial y de Gestión de Residuos Peligrosos de las Islas Baleares establece directrices claras para la gestión de materiales peligrosos, como el amianto, alineándose con los objetivos europeos en salud pública y residuos. Sin embargo, uno de los principales obstáculos es el elevado coste de la retirada de amianto.
Por este motivo, el Ayuntamiento insta al Govern de les Illes Balears, en colaboración con los consells insulars y los ayuntamientos a crear una línea de ayudas públicas que faciliten la retirada del amianto tanto a empresas como a particulares. Además, se insta al Govern de les Illes Balears a promover campañas informativas para sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos del amianto y la importancia de su correcta gestión.
