@Noudiari / La alcaldesa de Sant Josep, Neus Marí, el primer teniente de alcalde, Vicente Torres, y el concejal de Urbanismo, Javier Marí, han presentado esta mañana los detalles de las normas subsidiarias del municipio, que se debatirán en el próximo pleno municipal. Neus Marí ha explicado que la causa de la modificación sustancial de las NNSS responde a la adaptación a la ley 7/2012 de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible y al Plan Hidrológico. Esta ley, según la primera edil, establece un nuevo concepto de suelo urbano, más restrictivo y que ha obligado a actualizar toda la información sobre infraestructuras del municipio, como red de agua y saneamiento, entre otras.
Por otro lado, se crean dos nuevas figuras urbanísticas, el Asentamiento en Medio Rural (AMR) y el Suelo Urbanizable Directamente Ordenado (SUDO). La primera se refiere a zonas ya construidas situadas en suelo rústico, algo que ocurre en 17 espacios en el municipio, según las normas subsidiarias. La segunda, por otra parte, permite una cesión del 50% del terreno en suelo urbano y el 15% de aprovechamiento de la zona donde se construya. El Ayuntamiento, además decide en estos casos cómo se ordena la zona afectada.
La alcaldesa ha destacado que el objetivo del equipo de gobierno pasa por “planificar un desarrollo sostenible del municipio ajustando las NNSS a la realidad del territorio” para que “perduren en el tiempo”, lo que, en su opinión, «contribuirá a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.
En cifras, las NNSS establecen que la población residencial teórica en en el municipio es de 42.102 personas, mientras que la capacidad turística teórica se sitúa en 13. 294 plazas. En total, se contabilizan 446.000 metros cuadrados dedicados a equipamientos. Por otro lado, el suelo urbano y urbanizable, con respecto a las NNSS de 1987 (actualmente en vigor), se reduce en 163.000 m2 y el espacio libre público (zonas verdes) se calcula, por tanto, en 571.600 m2 frente a los 475.000m2 de la anterior modificación, realizada por el equipo de gobierno del PSOE-Pacto en 2009. De este modo, se establece un mínimo de 10 m2 de zona verde por habitante, el doble de lo obligado por ley.
