Ante las declaraciones públicas realizadas por el senador de Eivissa y Formentera, Juanjo Ferrer, en relación con el asentamiento irregular conocido como Can Rova 2, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha querido expresar su «más absoluto rechazo» a unas manifestaciones que, «lejos de aportar soluciones, solo contribuyen a desinformar, alimentar la crispación social y desacreditar la labor de una institución que ha actuado con responsabilidad, humanidad y dentro del estricto marco competencial que le corresponde», señala el consistorio.
«El contenido de la nota de prensa remitida por el senador Ferrer no solo contiene afirmaciones erróneas y carentes de fundamento legal y técnico, sino que pone de manifiesto una preocupante falta de rigor y de lealtad institucional, al hablar de una situación que demuestra que no ha investigado de forma directa y que tampoco se ha preocupado en contrastar con los servicios municipales».
«Contrariamente a lo que afirma el senador Ferrer, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha mantenido activados todos los recursos sociales desde el primer momento. Desde el mes de septiembre de 2024, se han realizado múltiples actuaciones en el terreno, con expedientes abiertos para cada unidad familiar detectada en el asentamiento, y se han realizado reuniones con la dirección insular de la Administración General del Estado, a la que se pidió amparo, y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», sostiene el Ayuntamiento de Santa Eulària.
«A día de la intervención judicial, se habían registrado seis expedientes abiertos y constaba la presencia de al menos cinco menores. No se había llevado a cabo una intervención más intensa porque los habitantes habían prohibido la entrada al personal municipal. Cabe recordar que, incluso, se pusieron denuncias contra nuestro personal municipal como medida de presión para evitar su trabajo en materia inspectora», prosigue el ayuntamiento santaeulaliense.
Durante el desalojo autorizado por el Juzgado, los Servicios Sociales tuvieron tiempo de realizar 83 visitas a familias del asentamiento, ofreciendo apoyo personalizado, soluciones habitacionales temporales y medidas de protección, especialmente para mujeres embarazadas, menores y personas en situación de especial vulnerabilidad. Solo una familia aceptó la ayuda ofrecida, siendo reubicada de forma inmediata, recuerdan.
El Ayuntamiento ha actuado en Can Rova 2 motivado «por la existencia de riesgos graves e inminentes para la salud pública y la seguridad de las personas. Los informes elaborados por los técnicos municipales —ingenieros, responsables de Medio Ambiente y Servicios Sociales— constatan la existencia de viviendas construidas con materiales inflamables e irregulares, sin control eléctrico ni sanitario, con fosas sépticas sin aislamiento, aguas almacenadas sin tratamiento, acumulación de residuos altamente combustibles y un hacinamiento extremo. Estas condiciones no son solo indignas: son potencialmente mortales», subrayan desde el consistorio.
«El asentamiento se ubica, además, en una zona de especial riesgo ambiental, próxima a infraestructuras estratégicas como el Hospital Can Misses o el helipuerto del Ibanat. Cualquier incendio habría tenido consecuencias devastadoras, tal y como se describe en los informes remitidos al juzgado que autorizó la actuación. Nos preguntamos dónde estaban entonces el senador y el resto de voces críticas con el desalojo y si validan este modo de vida como una alternativa digna y humana. Flaco favor hace a la sociedad ibicenca poner palos en las ruedas para evitar este tipo de poblados».
«Desde esta Corporación queremos invitar al senador a visitar el municipio, a conocer los informes disponibles, a contrastar la realidad con los equipos técnicos y profesionales que han liderado esta actuación y, sobre todo, a mantener al margen de la confrontación política a unas familias con hijos menores a los que se ha procurado asistir en todo momento. En política no todo vale. En política hay que estar siempre a la altura del cargo que cada uno ocupa, a actuar con rigor y responsabilidad», concluye Santa Eulària.
El senador mantiene su denuncia
El senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha confirmado este martes que mantendrá la denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo por la situación de los menores que residen en el asentamiento de Can Rova 2, en Santa Eulària. Según informan desde su equipo, Ferrer ha recibido presiones por parte de la alcaldesa del municipio para que rectificara el escrito enviado a la oficina dirigida por Ángel Gabilondo.
El senador ha lamentado que, en lugar de actuar para garantizar un alojamiento digno a las familias con menores a su cargo, la responsable municipal haya intentado silenciar la denuncia. “La alcaldesa me ha pedido que se retiren noticias que no le gustan, en vez de mostrar empatía hacia las personas más vulnerables”, ha declarado Ferrer.
En una publicación en la red social X (antes Twitter), el senador ha señalado: “¿Os imagináis que yo pidiera a un alcalde o alcaldesa del PP que rectificara públicamente una información que no considero del todo cierta? Pues eso es lo que me ha ocurrido hoy. La gente de derechas cree que seguimos en la dictadura”.
La denuncia ante el Defensor del Pueblo hace referencia a la falta de respuesta institucional por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària para atender a los menores que viven en condiciones precarias en el campamento de Can Rova 2.
