«Pablo tiene 18 años y un 60% de discapacidad. Desde el año 2020, con un informe favorable del orientador educativo de su instituto, pidió matricularse en FP básica de Jardinería. El único requisito para formalizar la matrícula era la asignación de un auxiliar técnico educativo para poder acceder a los estudios, que son su vocación. Pero la administración se niega, por enésima vez, a ponerle dicho recurso».
La Asociación Pitiusa para la Inclusión Educativa y Social (APIES) ha denunciado públicamente estos hechos que, subrayan, «perpetúan una situación de discriminación educativa y violencia institucional ya que, año tras año, se le deniega la matrícula en esta FP básica de jardinería».
Desde la organización han lanzado una campaña de firmas a través de Change.org, que lleva recogidas cerca de 400 a esta hora de hoy martes, en la que subrayan que el joven tiene derecho a esos estudios «y cobertura legal para optar, porque el requisito es no haber aprobado la ESO y además hay obligación legal de reserva de cupo para personas con discapacidad».
Lo que reclaman, en concreto, es que la Conselleria de Educación de Ibiza y Formentera ponga los recursos necesarios para que la FP básica sea una opción accesible a todo el alumnado, «independientemente de tener o no discapacidad, para permitirles el acceso al mercado laboral y puedan tener una vida autónoma».
«El derecho está, pero la administración ya se ocupa de que no pueda ejercitarse, simplemente no dotando de los profesionales necesarios para que haya un mínimo de posibilidades de éxito«, añaden.
Afirman que llos pocos profesionales que la administración está dispuesta a sufragar «se concentran en unos estudios de cocina, fuera de la enseñanza ordinaria y sin título oficial, para todos los estudiantes con discapacidad de Ibiza».
«Esto no es el capricho de una familia, es una cuestión de vulneración de derechos fundamentales. Ya hay una sentencia del Tribunal Supremo, que dio la razón a otra familia que luchó durante muchos años, que obliga a la administración educativa a justificar que se ha hecho todo lo posible antes de derivar a un alumno a la enseñanza especial y cerrarle las puertas de la ordinaria», recuedan.
Y van más allá: «Tenemos unos políticos que no entienden de derechos humanos, por eso a los padres no nos queda otra que organizarnos en asociaciones. APIES, la Asociación Pitiusa para la Inclusión Educativa y Social apoya a Carmen, su madre, en el proceso judicial contra la administración. No nos cabe duda de que lo ganaremos, pero pasarán muchos años y Pablo ya no tendrá la edad requerida para cursar estos estudios. Para que esto no tarde tanto tiempo necesitamos políticos y profesionales concienciados», aseveran.
«Algún día esto se entenderá, como ahora muchos entienden lo que es la discriminación por razón de raza, de orientación sexual o de género, pero aún no saben que también existe la discriminación por razón de capacidad», añaden.
Desde APIES denuncian, además, que está pasando un tiempo muy valioso tanto para Pablo como para los demás alumnos y alumnas con discapacidad de Ibiza y Formentera «que quieren continuar formándose en una FP básica».
