Imagen de dos vallas de publicidad en Eivissa.
EFE / Un cambio de normativa ha abierto la puerta a autorizar vallas publicitarias en el primer cinturón de ronda (E-10) de la ciudad de Vila, según ha asegurado este viernes el conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan.
En rueda prensa, Juan se ha referido a la petición del Consistorio para que la institución insular informe de manera «urgente» sobre la legalización de 80 vallas las redes viarias E-20 y E-10 del municipio, que ha solicitado una empresa privada de publicidad.
Según ha explicado, aunque «antes era más fácil» resolver estos expedientes, a raíz de la nueva Ley 2/2020 aprobada en Baleares, «en las carreteras de la red local» se pueden autorizar vallas publicitarias. «Y resulta que la E-10 lo es», ha señalado Juan, que ha aclarado que la red local no es municipal, sino que es una categoría del Consell Insular.
En este sentido, ha explicado que las vallas solicitadas «no se pueden denegar así de un plumazo», sino que hay que analizar «caso por caso» qué incidencia tiene cada una en el tráfico para ver «si se pueden o no se pueden legalizar».
Juan ha añadido que con la ley anterior «sólo se podían autorizar las que estaban en travesías urbanas» mientras que ahora «depende de si la red es local, primaria o secundaria».
En las redes primaria y secundaria «está prohibido» mientras que en la red local, como es el primer cinturón de ronda, «es cierto que se ha abierto la posibilidad», ha dicho sobre la legalización de los soportes publicitarios.
Por su parte, la directora insular Nahiara Cardona ha negado que, como ha plasmado Vila en el escrito remitido al Consell, asegurara que al haber respuestas anteriores «muy parecidas», la realización de estos informes no sería un trabajo «demasiado dificultoso».
«Quiero aclarar que esto no es así porque ha habido un cambio normativo que obliga a revisar los expedientes uno por uno, y además vamos por orden», ha explicado Cardona.
La directora insular ha dicho que hay más solicitudes de vallas publicitarias, tanto de ayuntamientos como de particulares, algunas de los años 2015 y 2016 que estaban «metidas en un cajón» sin tramitación.
