Un jugado de Palma ha abierto una investigación contra la cúpula de Ports de les Illes Balears (Ports IB) por presuntos delitos de fraude a la administración, malversación, desobediencia y prevaricación en la gestión de campos de boyas, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de Baleares.
La investigación judicial tiene su origen en una denuncia de la Asociación de Navegantes Mediterráneo (ADN Mediterráneo) por presuntas irregularidades en la contratación de la gestión de campos de boyas de fondeo en espacios protegidos de la Red Natura 2000.
En un auto, el magistrado Enrique Morell, titular de la plaza número 9 de la Sección de Instrucción, acordaba investigar a Francisco José Villalonga, director gerente de PortsIB y responsable de la gestión de los servicios y departamentos del organismo público.
También daba luz verde a investigar a Antonio Mercant, director general de Puertos y Transporte Marítimo del Govern y vicepresidente ejecutivo de Ports IB, así como a Margarita Oliver y Mateo Eduardo Barceló, también relacionados con el organismo público.
El magistrado citó a los cuatro investigados para prestar declaración este martes por la mañana en los juzgados de Vía Alemania, como ha avanzado ‘Diario de Mallorca’.
El juez considera en un auto que los hechos denunciados presentan características que hacen presumir la posible existencia de los citados delitos, aunque todavía no están determinadas su naturaleza y circunstancias ni la participación de las personas implicadas.
Por ello, acordó incoar diligencias previas para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales contra la cúpula de Ports IB.
La denuncia se refiere a una licitación de 5,8 millones de euros que fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tras la presentación de varios recursos.
Según la asociación ADN Mediterráneo, pese a esta suspensión, los responsables de Ports IB recurrieron a un contrato menor de 7.587 euros y a una prórroga extraordinaria de 314.247 euros para ejecutar prestaciones vinculadas al concurso paralizado.
ADN Mediterráneo alega que el contrato menor supuso un fraccionamiento artificial para eludir la libre concurrencia y que la prórroga extraordinaria no cumplía los requisitos legales exigidos.
El conflicto se enmarca en las discrepancias entre la asociación náutica y la Conselleria del Mar por la sustitución de zonas de fondeo libre sobre arena por instalaciones de pago gestionadas por empresas privadas.
Tras conocerse la querella de la Fiscalía el pasado julio, el portavoz del Govern, Antoni Costa, respaldó públicamente la actuación de los responsables de Ports IB y defendió el trabajo del organismo autonómico para proteger las praderas de posidonia. EFE
