Solo el 8,1 % de las personas de entre 16 y 29 años de las Illes Balears ha conseguido emanciparse, la cifra más baja desde que existen registros. Así lo recoge el Observatorio de Emancipación de 2025, elaborado por el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) junto con el Consejo de la Juventud de España (CJE), que refleja una caída de 8,4 puntos porcentuales en un solo año.
La principal barrera para acceder a una vivienda independiente sigue siendo el elevado coste del mercado inmobiliario. El alquiler medio en Baleares se sitúa en 1.528 euros mensuales, un 8,5 % más que el año anterior. Para asumir ese gasto, una persona joven asalariada tendría que destinar el 124,8 % de su sueldo, una proporción que evidencia las dificultades para acceder a una vivienda sin ayuda externa.
En Palma, alquilar una habitación en un piso compartido cuesta una media de 500 euros al mes, lo que representa el 40,8 % del salario juvenil. El acceso a la propiedad tampoco constituye una alternativa viable para buena parte de la juventud. El precio medio de compra de una vivienda en Baleares alcanza los 380.990 euros, un 14,9 % más que el año anterior.
Según los datos del observatorio, para afrontar una hipoteca sin destinar más del 30 % de los ingresos al pago mensual serían necesarios unos ingresos netos de 4.805 euros al mes.
Las dificultades para emanciparse coinciden con una situación de vulnerabilidad económica. El riesgo de pobreza o exclusión social afecta al 11,3 % de las personas jóvenes y se eleva hasta el 15,5 % entre quienes tienen entre 25 y 29 años.
A esta situación se suman unos salarios medios de 14.696 euros anuales, una tasa de temporalidad laboral del 37,1 % y una sobrecualificación que afecta a casi la mitad de las personas jóvenes ocupadas con estudios superiores.
El CJIB advierte de que la precariedad laboral y el encarecimiento de la vivienda dificultan que la juventud pueda desarrollar un proyecto de vida independiente, incluso cuando cuenta con un empleo.
«No podemos normalizar que nueve de cada diez jóvenes no puedan emanciparse. Tener trabajo ya no garantiza poder vivir de manera independiente, y esto es una emergencia social que exige medidas urgentes», denuncia la entidad.
Ante esta situación, el Consell de la Joventut de les Illes Balears pide a las administraciones que sitúen la emancipación juvenil en el centro de las políticas públicas. Entre sus propuestas figuran medidas para combatir la precariedad laboral y la vulnerabilidad social, restringir la compra de viviendas por parte de no residentes y limitar los precios de los alquileres.
La entidad considera que los datos evidencian la exclusión de buena parte de la juventud del mercado de la vivienda y reclama actuaciones que permitan garantizar el acceso a un hogar y unas condiciones de vida dignas.
El CJIB insiste en que la emancipación no puede convertirse en un privilegio y reclama respuestas urgentes para que los jóvenes de las islas puedan acceder a una vivienda y construir su propio proyecto de vida.
