Colisée Sa Residència: una patata caliente, por Joan Miquel Perpinyà

Los testimonios de familiares de usuarios de Sa Residència Colisée ponen la piel de gallina. No es admisible que los ancianos que allí viven vean sus derechos vulnerados en un trato que incluso ha sido calificado de “inhumano” y “alarmante”. Denuncian falta de higiene y de atención adecuada, básicamente por falta de personal para cubrir las necesidades básicas de los internos, hombres y mujeres dependientes, tales como darles de comer y cenar. De este modo, son los propios familiares quienes deben ir al centro para alimentar a sus parientes.

También hay denuncias sobre errores en la medicación de los usuarios, falta de cambios posturales, deshidratación, abuso de las correas de sujeción (mal llamadas contenciones), insuficiente cambio de pañales, falta de higiene, trato irrespetuoso con los usuarios, etc.

No se trata de una queja puntual, sino de muchas reclamaciones, todas ellas graves, que exigen la intervención inmediata de las autoridades competentes para que los usuarios de la residencia, que cuenta con plazas privadas, pero también 64 plazas concertadas con la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern balear, sean atendidos como es debido.

Ante lo alarmante de la situación que se vive en esta residencia de ancianos, no es de recibo que el Govern y el Consell d’Eivissa se pasen la patata caliente, como quien quiere endosar el muerto a otro porque él no quiere o no sabe tomar medidas que necesariamente han de ser drásticas. Lentitud en la inspección, lentitud en las conclusiones de dicha inspección y demora en la toma de decisiones para corregir el caos que se vive en el centro.

Porque, si todo reside en la falta de atención a los internos por falta de personal y una supuesta falta de profesionalidad de los insuficientes trabajadores que hay en plantilla de Sa Residència Colisée, la solución no es fácil. Ninguna Administración tiene la posibilidad de sacarse de la manga 15 o 20 profesionales sanitarios para trabajar en Ibiza.

Y esto nos lleva a confirmar, una vez más, que la carestía de la vida en Ibiza y aún más de la vivienda de alquiler, que hace que acceder a un arrendamiento sea literalmente imposible, es la causa de que no haya trabajadores suficientes para cubrir los servicios básicos. Hace años que lo venimos viendo y denunciando, y lejos de mejorar, la situación empeora año tras año. Ya hemos llegado al punto de que se pasa consulta a los pacientes oncológicos por teléfono, porque no hay médicos suficientes en la isla.

El Govern dice que es el Consell quien tiene la competencia para actuar, pero es el Govern quien tiene las plazas concertadas y no es de recibo que la consellera Fina Santiago se desentienda del asunto, cuando el Govern paga alrededor de 1,5 millones de euros anuales por esas plazas concertadas.

Sucede que ni una Administración ni otra saben por dónde tirar. ¿Cerrar el centro? No hay dónde recolocar a los ancianos. ¿Multar a la empresa propietaria de Sa Residència, Grupo Colisée, controlado por el fondo de inversión sueco EQT? Una sanción económica sería un buen escarmiento, pero no soluciona por sí mismo el problema de la falta de personal, una dificultad estructural en todas las empresas de las Pitiusas.

Y es que la sociedad pitiusa, con sus gobernantes al frente, está comenzando a pagar bien caro tantos años de mirar hacia otro lado ante el problema del acceso a la vivienda. Y como era de prever, quienes primero lo sufren son los más débiles de la sociedad, los ancianos, los enfermos y los dependientes. Pero tranquilos, que a todos nos llegará el turno si no se adoptan medidas drásticas, aunque creo que ya es demasiado tarde incluso para eso.