Una victoria amarga por la dignidad de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica de España
El fin de la impunidad de los pederastas en la Iglesia Católica está cada vez más cerca, porque durante décadas, el silencio fue ley. Un silencio denso, impuesto, protegido por muros institucionales, por jerarquías intocables y por un sistema que prefirió mirar hacia otro lado antes que enfrentarse a la verdad.
En ese paisaje de impunidad, donde el poder eclesiástico y la inercia judicial caminaban de la mano, las víctimas aprendieron a callar y los verdugos a sentirse seguros. Por este motivo, nació esta batalla social contra los abusos sexuales en la Iglesia Católica. No como un acto de rebeldía individual, sino como una respuesta inevitable a la injusticia estructural.
Cuando nadie quería hablar, cuando el miedo era norma y la vergüenza caía siempre sobre los mismos, alguien tenía que dar el paso. Y ese paso no era cómodo, ni seguro, ni rentable. Era necesario. Y en este sentido, entre los medios de comunicación y la opinión pública, han ido dibujando con los años una imagen clara: la de un hombre que decidió ponerse delante del golpe para que otros no tuvieran que hacerlo. La de un denunciante que se convirtió en líder social porque el vacío era absoluto. No por ambición, sino por responsabilidad. Porque cuando no hay referentes, alguien tiene que convertirse en uno.
Esta lucha no nace del resentimiento, sino de la dignidad. No nace del ego, sino de la urgencia. No nace del deseo de protagonismo, sino de la obligación moral de romper un sistema que protegía a depredadores sexuales de menores y personas vulnerables, abandonando a las víctimas. Aquí no hubo estructuras, ni partidos políticos, ni instituciones empujando al principio. Hubo soledad. Hubo desgaste. Hubo señalamiento. Y aun así, hubo determinación.
He sido la persona que con plena conciencia sabía del precio que se paga cuando se desafía a estructuras visibles de una causa que muchos querían invisible. He sido la voz que incomodó a despachos, a sotanas y a sillones de poder. He sido el nombre propio que permitió que otros nombres siguieran a salvo. Pero que nadie se equivoque, porque esto no lo hice por mí, ni por mi historia, ni por mi desgaste. Esto va de dignidad. Esto va de justicia. Esto va de una lacra social, que durante demasiado tiempo se protegió con silencio, miedo y complicidad. Esta batalla no es personal. Es histórica. Es el choque entre la verdad y la impunidad. Entre la víctima y el sistema. Entre la dignidad y el poder. Y ya no hay marcha atrás. Porque una vez que el muro se derrumba, no se vuelve a levantar.
Tras años de una lucha incansable contra el silencio institucional y las estructuras de poder eclesiástico, quiero dar las gracias en primer lugar a las víctimas, tanto a las que dieron la cara ante los medios de comunicación, como a las que permanecieron en el anonimato, ya que el dolor, el miedo o la vida, no les permitió exponerse. Pero todos ellos son el origen de esta batalla y su única razón de ser. Y sin vuestra confianza y sin vuestro valor silencioso, esta causa no hubiera existido para poder hacer historia entre todos. Y gracias a vosotros hoy me siento invencible e imparable para seguir luchando por la verdad y la justicia social. No es por arrogancia del ego, sino por la fuerza de quien ya no tiene nada que temer, porque ya lo he perdido todo.
Mientras otros se desviven mendigando aplausos por su protagonismo en los escenarios del poder, mi alma solo busca el camino de la verdad. Durante años, intentaron anularme. Me llamaron loco, mentiroso y enfermo mental. Buscaron mi muerte civil a través de la difamación, pensando que un hombre solo no podría contra una institución milenaria.
Se equivocaron, porque es de agradecer que los medios de comunicación locales, autonómicos, nacionales e internacionales, junto con auténticos periodistas de vocación, se pusieran del lado correcto de la historia, apoyando la causa como caballos de Troya, hasta conseguir la derogación de la prescripción de abusos sexuales por mayoría absoluta en la Ley de la Infancia, aunque yo solicité unanimidad públicamente. Pero VOX y PNV prefirieron posicionarse en el lado incorrecto de la historia junto al diablo.
Pero sin duda, gracias a todos esos periodistas valientes y medios de comunicación con coraje, que junto a la mayoría de Partidos Políticos del territorio nacional y la Comisión del Defensor del Pueblo, habéis caminado hacía la victoria.
En especial, agradecer al Vaticano, que bajo el mandato del Papa Francisco, me permitió declarar en el Obispado de Ibiza aquel 24 de mayo de 2021, marcando un antes y un después en este camino. Aquella comparecencia no fue un trámite, fue el inicio del fin de la impunidad. No obstante, el Santo Papa Francisco accedió a mis exigencias de inmediato, expulsando del sacerdocio a Juan Manuel Souza, removiendo del cargo de Obispo a Juan Segura por tratarme como un enfermo mental y por santificar Ibiza con el nuevo obispo que solicité personalmente por petición del pueblo ibicenco, el excelentísimo obispo Vicent Ribas Prats.
Todos vosotros, me sostuvisteis cuando mis pies flaqueaban y gracias por no haberme dejarme solo ante los lobos. Vuestra lealtad fue el escudo de la tempestad. Aprovecho para demostrar mi ingratitud con el sistema judicial español en Ibiza, que ha dejado en libertad a Juan Manuel Souza, tras una sentencia de condenatoria de tres años y medio de privación de libertad, pero quedará exento de entrar en prisión por reconocer el daño a todas las víctimas, conjuntamente indemnizando con 20 mil euros a dos de las víctimas no prescritas jurídicamente.
Es doloroso saber que múltiples abusos de este cura han quedado impunes simplemente porque el reloj corrió a su favor. La justicia que llega tarde, en muchos casos no es justicia. Que Souza evite la prisión tras ser juzgado por dos casos, a cambio de una indemnización de 20.000 euros, es una vergüenza nacional. ¿Ese es el valor que el sistema judicial le da a una vida truncada? Es un insulto a la dignidad de las víctimas, porque mientras el perpetrador sigue en la calle gracias a un acuerdo económico, las víctimas cargamos con una condena de por vida.
Que Souza evite la prisión tras ser juzgado por dos casos, a cambio de una indemnización de 20.000 euros, es una vergüenza nacional. ¿Ese es el valor que el sistema judicial le da a una vida truncada?
Liderar este movimiento no ha sido gratuito. He sido yo quien se ha ensuciado la imagen ante la opinión pública, quien ha expuesto su intimidad y quien ha soportado el desgaste emocional de enfrentarse a un gigante. Lo he hecho con un propósito claro: que otros, aquellos que por miedo o dolor no han podido hablar ante las cámaras, puedan ver sus abusos reparados de alguna forma.
Pero no nos engañemos, la reparación no es solo económica. La reparación justa pasa por el reconocimiento social del sacrificio del denunciante. He liderado este proceso con el pecho descubierto para proteger a los que venían detrás, y ese liderazgo merece un respeto y una compensación que los tribunales actuales no han sabido otorgar. Seguiré denunciando que el sistema judicial español necesita una reforma urgente. No podemos permitir que el dinero sea el salvoconducto para que los abusadores eviten la cárcel. Mi lucha continúa, no solo por mi historia, sino por la dignidad de todos los que aún esperan justicia.
Como víctima y como líder de este movimiento social, afirmo con absoluta claridad: es justo, necesario y moralmente innegociable que sea la Iglesia quien asuma las indemnizaciones, y no los ciudadanos. No estamos ante un desastre natural, ni ante un fallo administrativo. Estamos ante crímenes cometidos por miembros de una institución milenaria que ha sobrevivido a su uso. Por tanto, la responsabilidad no es abstracta: tiene nombre, tiene estructura y tiene patrimonio. Por este motivo, pretender que el Estado —es decir, todos los españoles— pague la reparación de los abusos cometidos y encubiertos por la Iglesia es una forma elegante de socializar el coste de un crimen privado. Es limpiar conciencias con dinero ajeno. Es trasladar la culpa al inocente. Y eso, como víctima, no lo acepto.
La reparación no es caridad. La reparación es responsabilidad. Y la responsabilidad recae en quien causó el daño y en quien lo permitió.
La Iglesia es una institución con patrimonio, con estructura, con poder y con capacidad económica. Durante décadas se benefició del silencio, de la obediencia y de la falta de control. Ahora debe asumir las consecuencias. No por venganza, sino por justicia. Que nadie lo disfrace de gesto humanitario. Que nadie lo maquille de acuerdo histórico. Esto no es un favor que se le hace a las víctimas. Es una deuda. Celebro que se haya avanzado hacia un modelo en el que la Iglesia asume su responsabilidad. Pero advierto: no basta con pagar, hay que reconocer, asumir y reparar con dignidad.
Porque la justicia no se delega. La culpa no se transfiere. Y la dignidad de las víctimas no se negocia en los despachos. Esta batalla hará historia, pero que nadie se confunda, porque aunque esté abatido y sin recompensa, los muros del silencio han caído, pero las sentencias justas para los pederastas aún no han llegado. Esta «victoria amarga» es solo el suelo sobre el que me planto para lo que viene. He vivido bajo el peso de una identidad oculta, un secreto que ha sido el motor silencioso de mi resistencia. Mi próxima batalla social no dejará a nadie indiferente; dejará al mundo perplejo. El Sergio que habéis visto luchar por la verdad y la justicia social, es solamente la punta del iceberg. Y aunque el protagonismo exige aplausos, mi alma solamente exige que la verdad debe ser dicha para que nuestra sociedad sea cada día un poco mejor.
Hoy escribo estas líneas con la mezcla agridulce de quien ha vencido al gigante, pero contempla con estupor las grietas de un sistema judicial que aún nos debe una respuesta a la altura de la dignidad humana. Tras años de lucha incansable, el acuerdo para que la Iglesia Católica asuma las indemnizaciones de los casos prescritos es una realidad. Es una victoria de la coherencia: los ciudadanos españoles no tienen por qué pagar con sus impuestos los crímenes de una institución milenaria. La responsabilidad es de quien cometió el daño y de quien lo ocultó.
Hoy, aunque las fuerzas flaquean tras este desgaste titánico, no me detengo. La verdad no se negocia. Ni en los altares, ni en los palacios. Seguimos adelante. Hasta la victoria, siempre.
