Hoy España ha dado un paso que durante años parecía inalcanzable: el reconocimiento institucional de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia que quedaron fuera de la justicia por la prescripción de los delitos. El acuerdo firmado entre el Gobierno, el Defensor del Pueblo y la Iglesia abre, por fin, una vía de reparación. Pero como víctima, y como alguien que ha dedicado buena parte de su vida a denunciar estos abusos —especialmente en Ibiza— y a impulsar cambios legislativos como los recogidos en la Ley de Protección Integral a la Infancia, siento la obligación de mirar este acuerdo con una mezcla de esperanza y exigencia.
Porque no basta con llegar: importa cómo se llega.
Durante años, las víctimas hemos observado cómo otros países afrontaban esta realidad con mayor decisión. Irlanda, por ejemplo, estableció hace tiempo un sistema público independiente con baremos claros, donde las indemnizaciones pueden alcanzar hasta los 300.000 euros, con medias en torno a los 60.000. No es solo una cuestión de cifras, sino de estructura: allí el proceso no depende de la institución responsable, sino de un organismo estatal que garantiza criterios homogéneos, transparencia y cierta confianza para las víctimas.
Francia también avanzó en esa dirección con la creación de un organismo independiente que fija indemnizaciones en función de la gravedad del daño, generalmente entre 5.000 y 60.000 euros. Aunque las cantidades son menores que en Irlanda, el sistema francés destaca por la claridad de sus criterios y por un reconocimiento institucional firme tras una investigación nacional que puso cifras y contexto a décadas de abusos.
En Alemania, sin embargo, el modelo ha sido más limitado. Las compensaciones suelen situarse en torno a los 50.000 euros como máximo, y el sistema ha sido criticado por su falta de ambición y por mantener un papel relevante de la propia Iglesia en el proceso. Muchas víctimas allí han denunciado que las reparaciones no están a la altura del daño sufrido.
Y ahora está España.
El acuerdo firmado hoy se sitúa, de momento, en una posición intermedia, pero con elementos preocupantes. No existen baremos claros de indemnización, lo que introduce una incertidumbre difícil de justificar en un proceso que debería ser, ante todo, transparente. Tampoco está completamente despejada la cuestión de la independencia, ya que la participación de la Iglesia en el mecanismo genera dudas legítimas sobre posibles conflictos de interés.
Esto no significa que el acuerdo no sea importante. Lo es. Es, de hecho, un paso necesario y largamente esperado. Pero también es un punto de partida que deberá definirse en su desarrollo. España tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de decidir a qué modelo quiere parecerse.
Como víctima, mi esperanza es clara: que este sistema evolucione hacia un modelo similar al irlandés, donde la reparación no dependa de ambigüedades ni de negociaciones opacas, sino de criterios públicos, justos y homogéneos. Que se aleje de enfoques más limitados, donde las víctimas acaban sintiendo que el reconocimiento llega, pero no alcanza.
Porque aquí no hablamos solo de dinero. Hablamos de dignidad, de reconocimiento y de justicia. Hablamos de cerrar heridas que llevan demasiado tiempo abiertas.
España ha abierto hoy una puerta. Pero la verdadera medida de este acuerdo no será su firma, sino lo que ocurra a partir de ahora.
Las víctimas no necesitamos gestos simbólicos: necesitamos certezas y que se aplique un modelo de reparación lo más parecido al modelo Irlandés, no al modelo alemán o francés.
