En muchos países de la UE existen, desde hace años, sistemas de renta mínima que, sin embargo, no garantizan la protección de las personas contra la pobreza.
El Parlamento Europeo votó recientemente una resolución sobre una renta mínima adecuada, en la que pedía una legislación más estricta y mostraba la ambición de los eurodiputados de llevar la lucha contra la pobreza a nuevos niveles.
Con 336 votos a favor de la adopción de la resolución, especialmente la mayoría de la familia socialista-demócrata (a la que pertenece el PSOE de España), y otros responsables políticos progresistas, el Parlamento Europeo dio un paso significativo para proteger a las personas más vulnerables de Europa de caer por debajo del umbral de la pobreza.
Para 96,5 millones de personas en toda la Unión Europea, vivir en riesgo de pobreza es la realidad del día a día. Ahora, cuando el coste de necesidades básicas como la electricidad, los alimentos y la vivienda se han disparado, los más vulnerables de la sociedad siguen pagando el precio. De hecho, la inmensa mayoría de nuestros regímenes de protección social no están equipados para proporcionar un apoyo adecuado y, a menos que se actúe tanto a nivel europeo como nacional, esta situación sólo puede empeorar.
En todos los Estados miembros de la UE, los regímenes de renta mínima son la última red de seguridad diseñada para evitar que las personas caigan por debajo del umbral de la pobreza. Para quienes se encuentran en circunstancias extremadamente difíciles, la renta mínima supone un salvavidas que proporciona estabilidad financiera y acceso a servicios de apoyo que, de otro modo, estarían fuera de su alcance.
Sin embargo, la escandalosa realidad es que la adecuación de la mayoría de los regímenes de renta mínima en toda la UE ha permanecido prácticamente inalterada durante décadas. La mayoría de los regímenes son tan inadecuados que no consiguen que la gente supere el umbral de la pobreza. De hecho, más de la mitad de los regímenes de los países de la UE no proporcionan un nivel de vida mínimo y menos del 50% de los hogares en situación de pobreza extrema reciben ayudas.
En España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha introducido un cambio estructural en la política social del país mediante la implantación del “Ingreso Mínimo Vital” (IMV). El IMV es un instrumento homogéneo en todo el territorio nacional, una prestación no contributiva de la Seguridad Social, apoyada en el desarrollo de itinerarios de activación sociolaboral para favorecer la transición de los colectivos más vulnerables a una participación más justa en la sociedad, en cooperación con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las ONG.
La política de inclusión española es innovadora, está diseñada e implementada con evaluación continua. Asegura la homogeneidad al definir un ingreso mínimo común por parte del gobierno central y está enfocada hacia las necesidades de la familia, con especial tratamiento a mujeres y niños.
Ha conseguido armonizar el concepto de vulnerabilidad, hasta el punto de que el Gobierno ha podido focalizar esfuerzos durante la crisis inflacionista en aquellos hogares que más lo necesitaban. La política de inclusión se ha convertido en la piedra angular de la última red de seguridad, en términos de apoyo a los ingresos, para la inclusión sociolaboral de los más vulnerables.
De hecho, se han realizado varios análisis y evaluaciones del sistema de renta mínima y se ha comprobado que el sistema español ofrece más igualdad y dignidad para las personas y aborda las brechas de pobreza recurrentes entre los que se encuentran en las situaciones más vulnerables.
Entre 2019 y 2021 se redujo la desigualdad gracias al gran crecimiento de los ingresos entre el 10% de los hogares más pobres. La mitad de este aumento de los ingresos se explica por el crecimiento de la tasa de cobertura del sistema de rentas mínimas.
Los datos deben tomarse como una muestra del éxito del IMV como nueva política pública. En un momento de emergencia sin precedentes, sirvió para frenar la erosión de ingresos a quienes más podría haber afectado. De hecho, algunos estudios advierten sobre cómo habrían sido los datos de pobreza de no haber existido el IMV.
Casi el 80% del incremento del gasto producido como consecuencia de la inflación extraordinaria de 2022 fue compensado en los hogares del sistema de rentas mínimas, gracias al incremento del 15% de la nómina introducido por el Gobierno de Pedro Sanchez en el decreto de medidas extraordinarias contra el alza de precios.
En términos generales se observa que las tasas oficiales de pobreza se han reducido. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la población en riesgo de pobreza o desigualdad en España cae en 2022 al nivel más bajo desde 2013. La tasa AROPE pasa del 30,2 en 2014 al 26,0 en 2022, gracias principalmente al escudo social, donde el IMV se ha convertido un elemento clave.
Más allá del análisis basado en los datos de renta y patrimonio, el IMV ayudó a los hogares a sentirse menos pesimistas sobre la evolución de sus finanzas durante las crisis de Covid-19 y de la inflación. Entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el IMV aumentó el equilibrio entre los que afirmaban que su situación financiera había mejorado y los que decían que se había deteriorado.
De hecho, los regímenes de renta mínima también se han convertido en una de las principales prioridades del Gobierno español para su actual presidencia semestral del Consejo de la UE, iniciado el 1 de julio de 2023.
El Gobierno español presentará conclusiones de la Presidencia del Consejo EPSCO de noviembre de 2023 con dos puntos principales en línea con la Recomendación del Consejo de enero de 2023 sobre la renta mínima: el primero está relacionado con el fenómeno de la brecha de la cobertura, donde el Gobierno español está especialmente preocupado y ha desplegado varios proyectos para comprenderlo y reducirlo; y la segunda cuestión girará en torno al desarrollo de un Laboratorio de Políticas de inclusión que España ha puesto en marcha en España en los últimos tres años.
Cabe recordar que con la financiación del instrumento NextGen se han puesto en marcha 34 proyectos piloto sobre programas innovadores de inclusión activa, con un fuerte componente analítico y experimental. Todos estos esfuerzos están en línea con las recomendaciones del Consejo sobre renta mínima de enero de 2023.
Volviendo al ámbito de la UE, lo que resulta especialmente significativo de la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo sobre unos ingresos mínimos adecuados es que, por primera vez, los eurodiputados piden una Directiva de la UE que ayude a abordar el problema.
La introducción de esta legislación supondría establecer unos niveles de vida mínimos en toda la UE, así como que los Estados miembros se hagan responsables de garantizar dichos niveles.
La importancia de una directiva de la UE sobre ingresos mínimos ha sido defendida durante mucho tiempo por las organizaciones de la sociedad civil, incluida la Plataforma Social, de la que he tenido el honor de ser presidente en 2019-2023, debido al impacto potencial para cerrar las brechas en las redes de seguridad y garantizar que nadie se quede viviendo en la pobreza.
En 2021, los líderes de la UE se comprometieron a reducir el número de personas en riesgo de pobreza en al menos 15 millones para 2030. Sin embargo, debido a años de inacción y a la falta de voluntad de los gobiernos nacionales para actualizar sus regímenes de protección social, la posibilidad de cumplir ese objetivo parecía muy improbable, por no decir imposible.
Con una de cada cinco personas de la UE ya en riesgo de pobreza y exclusión social, el tiempo corre en contra de encontrar soluciones reales y sostenibles. Las personas que caen en la brecha pueden proceder de distintos entornos y enfrentarse a retos muy diversos, como familias monoparentales, parados de larga duración, personas con discapacidad o enfermedades de larga duración, así como personas pertenecientes a grupos socialmente desfavorecidos.
Las repercusiones económicas de las múltiples crisis -entre las que destaca la actual crisis del coste de la vida- no dan señales de resolverse pronto. Dentro de menos de un año tenemos las próximas elecciones a la UE, pero aquí en España también se tomará una decisión clave el 23 de julio de 2023: garantizar que continúe la lucha por la igualdad y la dignidad de todas las personas, un hecho que Pedro Sanchez ha venido cumpliendo durante este gobierno.
Por eso es tan importante votar a favor de las políticas progresistas e integradoras del partido socialista porque que no abandonan a su suerte a las personas y regiones más vulnerables. Queremos una España y una Europa, que ofrezcan prosperidad para muchos y no para unos pocos.
Todos merecemos tener una vida digna y necesitamos sistemas de renta mínima que garanticen no dejar a nadie atrás. Superemos todos el umbral de la pobreza y, en España, aprovechemos la oportunidad del voto de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 para reafirmar el compromiso con la solidaridad y la justicia social.
Piotr Sadowski, secretario General de Volonteurope y expresidente de Plataforma Social
