Los ibicencos de mi generación, que ya hemos superado la barrera de los cincuenta, aprendimos a diferenciar entre “cerca” y “lejos” gracias a Coco y otros personajes de Barrio Sésamo, que nos enseñaron un compendio de lecciones elementales. Sin embargo, se ve que algunos miembros de la clase política local crecieron sin televisor y, además, hicieron pellas en el colegio –o salera, como decimos en la isla–. Lo afirmo porque, a tenor de las políticas que despliegan algunos, en Ibiza se planifica sin tener en cuenta un concepto tan básico como el de “isla”.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define tal condición geográfica como una “porción de tierra rodeada de agua por todas partes”; es decir, un fragmento de territorio finito, que, en nuestro caso, además, hay que calificar de “diminuto”, pues Ibiza sólo tiene 572 kilómetros cuadrados. En América hay fincas mucho más grandes
Sólo así se explica que nuestros gobernantes adopten estrategias tan inútiles, discriminatorias y peligrosas como desmantelar los poblados chabolistas que se expanden por el extrarradio de los núcleos urbanos, principalmente en la capital, arrinconando a quienes viven en caravanas, chabolas y tiendas de campaña. Sobre todo, porque dichas acciones se llevan a cabo sin adoptar ningún tipo de medida compensatoria efectiva. Se le da la patada al ciudadano y allá se las componga.
Como ya hemos recordado en anteriores ocasiones, la táctica de echar al pobre ya la practicó Jesús Gil, el Torrente de la política nacional, en sus tiempos como alcalde de Marbella. Dicho personaje se dedicó a ejercer una drástica presión policial sobre los sintecho, llegando al extremo de obligarles a subir a furgones policiales que los trasladaban a municipios colindantes, pasándole el marrón a otro.
El viernes pasado ya tuvimos un ejemplo notable del desastre potencial que implican dichas prácticas, con el incendio que se produjo junto a una cueva des Puig des Molins, ocupada por un sintecho. Gil y Gil podía desterrar al pobre a los pueblos vecinos, pero en Ibiza, volviendo al concepto de isla, enseguida nos topamos con el mar y lo único que nos queda es que los ayuntamientos isleños se pongan a practicar al juego de la silla con los habitantes de las infraviviendas, iniciando una rueda infinita entre municipios sin sentido. Con estas actuaciones, únicamente se consigue dispersar aún más a los chabolistas, escondiéndolos, empujándolos hacia las zonas forestales y multiplicando el riesgo de incendios e incidentes varios.
Hasta la fecha, esta incomprensible cerrazón política ha impedido proporcionar un espacio mínimamente decente a estas personas, que no son pobres como los de Jesús Gil, sino gente que viene a trabajar y que no quiere, no puede o ambas cosas, afrontar los precios abusivos que se demandan por un apartamento, una habitación o un cuchitril chabacano. Me refiero a un espacio donde pueda instalar su caravana o su tienda de campaña, con agua, luz, recogida de basuras, infraestructura contra incendios, seguridad y lo más básico. Estas personas seguirán viniendo a la isla cada temporada, y más nos vale porque, sin su mano de obra, ya podemos ir despidiéndonos del producto de lujo que estamos vendiendo; del lujo y todo los demás.
Obviamente, no se puede permitir que la práctica del chabolismo y la acampada se asiente indefinidamente como solución habitacional, pero algo habrá que hacer mientras se encuentran salidas eficaces, que, en el mejor de los casos, llevarán muchos años.
Hasta la fecha, los políticos que gobiernan la isla se han opuesto radicalmente a aprobar medidas correctoras que impliquen intervenir de manera directa en el mercado del alquiler. Ello, a pesar de la dramática situación que vivimos y de que el derecho a una vivienda digna está contemplado en esa Constitución inmaculada e intocable, pero a la que sólo hacemos caso cuando nos conviene, a la manera de Groucho Marx: “Estos son mis principios. Y si no les gustan, tengo otros”. Ocurrió lo mismo con la ecotasa en su día –hoy ya no se reniega de ella– y lo mismo con la idea de limitar el acceso de vehículos a la isla. La intervención en los precios del alquiler es sólo cuestión de tiempo.
En lugar de ponerse a construir a lo loco en suelo rústico, llenando aún más de hormigón una isla sin agua, se podría comenzar por tomar ejemplo de la alcaldesa de A Coruña, que ha conseguido que la Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, le autorice a que su municipio sea declarado mercado tensionado, lo que a su vez le permitirá limitar los precios de los alquileres.
Vivimos en una democracia donde se respeta el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, de la misma manera que los estados intervienen en el mercado cuando los precios del combustible o de la energía eléctrica se salen de madre, debería de hacerse igual con los hogares, que también son un bien de primera necesidad. En A Coruña, por cierto, el precio de los alquileres es ridículo en comparación con la isla.
El fenómeno de los poblados marginales no se solucionará milagrosamente y las actuaciones que hasta la fecha se han realizado en su contra sólo han servido para agravar la situación. Los problemas sólo comienzan a solucionarse cuando tomamos conciencia de ellos, tal y como les ocurre a los alcohólicos, los drogodependientes o los adictos al juego. La economía ibicenca está podrida y cada temporada que pasa se agravan las diferencias entre los que más tienen y los que menos, que es, precisamente, lo que caracteriza a las repúblicas bananeras. Habrá que asumirlo y empezar a obrar en consecuencia.
La materia ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma.
Las chabolas si se crean, se pueden destruir a un precio inasumible para los políticos ergo hay que transformarlas en viviendad dignas.
Los políticos, como la selección española de futbol(football para los puristas) han inventado el tiqui taca.
Yo trato de expulsar a mis chabolistas y se los paso al ajuntament de al lado que a su vez se los pasa al siguiente.
Todavía no se han enterado que las chabolas, autocaravanas, tiendas de camping y demás, han venido para quedarse.
La fogosa alcaldesa de Santa Eulària, una guerrillera del PP y Vox, lo intentó en Can Rova 2, manu militari, enviando 95 efectivos policiales, armados hasta los dientes, para desalojar a 200 personas, con sus correspondientes churumbeles, pero La Justicia le paró los pies.
Antes, esa raela de políticos cutres, nos bombardeó a través de los medios de comunicación, de lo peligrosísimos que eran sus habitantes, una mezcla de sudacas, murcianos, moros, algún ibicenco, gallegos, gitanos y gente de mal vivir. Esos peligrosos terroristas podían prenderle fuego al monte, contaminar las preciadas y escasas aguas potables, podría arder el hospital de Can MIsses, derribar la estatua de Vara de Rey en S’Alamera, etc.
Tenían un arsenal de botellas de butano, camping gas y seguro alguna bomba termo nuclear escondida.
Imaginación no les falta a esta caterva de políticos inútiles.
Señoras y señores políticos, métanselo en su escaso cerebro, LAS CHABOLAS HAN VENIDO PARA QUEDARSE, salvo que se decidan a aplicar el artículo 47 de la Constitución Española que dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna y los políticos a hacer efectivo ese derecho. ¿Lo pillan?
Todo lo demás es un brindis al sol, tan querido por la clase política.