Puertos y municipalidad, por José María de Lamo

Los municipios costeros de las Pitiusas llevan años dirigiendo parte de sus actuaciones a abrirse al mar, a poner en valor y recuperar para los ciudadanos eso que básicamente nos define como isleños. Para ello no han dudado en invertir ingentes cantidades económicas en embellecer la primera línea de mar y hacerla accesible a la ciudadanía.

Este esfuerzo por recuperar aquello que nos ha marcado durante siglos se ha visto y se sigue viendo, por desgracia, frenado y empañado por la política. Y es que, cuando de los puertos se trata, los ayuntamientos, principales impulsores de esta apertura al mar, se ven ignorados y en ocasiones ninguneados por las administraciones que se han arrogado en exclusividad el poder de decisión sobre estos enclaves: el Estado y la Comunidad Autónoma.

En el caso de la isla de Ibiza llama poderosamente la atención la situación en la que se encuentran los puertos de Vila y de San Antonio. El primero de ellos, pese a ser una parte fundamental del municipio y la primera impresión que reciben los visitantes que llegan por mar, es propiedad del Estado y, sólo gracias a que el Consell cedió su representación al Ayuntamiento, éste puede opinar, aunque no decidir, sobre lo que se puede o no puede hacer en el.

En el caso de San Antonio la situación es peor si cabe, ya que la propiedad del puerto es de la Conunidad Autónoma y el Ayuntamiento no tiene ni voz ni voto en su gestión, y cualquier aportación que haga dependerá de la voluntad del Govern de turno de llevarla a cabo o no.

La situación se convierte en kafkiana en el momento en que las administraciones que no tienen derecho a decidir deben hacer frente a cubrir unos servicios como los de iluminación, seguridad o limpieza que, por lógica, deberían correr a cargo de Estado y Govern respectivamente.

Ante esta grave injerencia en la municipalidad de ambos ayuntamientos, los candidatos de todos los partidos políticos deberían hacer frente común para que, gane quien gane, se luche hasta la saciedad para lograr la incorporación de los entes locales en la gestión del puerto.

Igual que no permitiríamos que nadie diseñara sin nuestro permiso la entrada de nuestras casas, no debemos permitir que unas administraciones que lo único que obtienen es beneficios de nuestros puertos hagan con ellos lo que quieran sin que nosotros, sus legítimos propietarios, ni siquiera podamos opinar.

José María de Lamo