Queremos expresar nuestro rechazo a la gestión del impuesto turístico. Comienza el año 2018 con la duplicación del impuesto, ya que la clase gobernante piensa que hacerlo no tiene ningún tipo de repercusión en el indefenso turista. Mientras, en las recepciones de los establecimientos nos piden explicaciones de los motivos por los que tienen que pagar el doble que el año anterior. Se percibe como un abuso y/o como una injusticia, con lo que la entrada de los clientes en los establecimientos se ha vuelto conflictiva. Pensamos que los que se quejan tienen toda la razón.
Todo esto sin saber que su impuesto se destina a construir viviendas sociales, en vez de destinarlo a mejorar la oferta turística, combatiendo los miles de pisos turísticos que existen en las Baleares, también en Ibiza y Formentera.
A nuestra total disconformidad por la desviación de los fondos recaudados en Ibiza, destinados hacia otras islas sin atender los enormes problemas que tenemos, hemos de añadir la pésima decisión que supone destinar fondos a construir viviendas sociales. No estamos en contra de las viviendas sociales, pero los recursos se deben utilizar mejor.
Si se destinara el impuesto, o parte de él, a supervisar eficazmente la oferta ilegal se conseguirían muchos efectos positivos a la vez: menos saturación, más pisos en oferta para alquiler de vivienda habitual, mejor protección del turista y sus derechos, etc. El cumplimiento de la ley siempre tiene ventajas.
Es paradójico, además de un perverso escarnio, que nuestros clientes, los legales, tengan que financiar la construcción de pisos cuando, muchos de ellos, se están destinando al mercado turístico de forma irregular. Todo en el impuesto turístico, y sobre todo su gestión, es injusticia, opacidad, abuso del turista, y algún grado de turismofobia gubernamental.
