Quisiera compartir públicamente una situación que estoy viviendo con el sistema Formentera.eco y que, más allá de mi caso personal, creo que merece una reflexión por la indefensión que puede generar en cualquier ciudadano.
En julio del año 2024 solicité online la autorización para entrar en Formentera con mi vehículo. Como residente en la isla de Ibiza, conocía la necesidad de solicitar autorización y así lo hice. Realicé el trámite en la web, recibí el correo de confirmación de la solicitud y, ante la cercanía de la fecha, utilicé el buscador oficial de la propia web de Formentera.eco, que existe precisamente para que los usuarios podamos comprobar si tenemos autorización. El sistema indicaba que el vehículo estaba autorizado y, confiando en esa información oficial, entré en la isla y regresé el mismo día.
Días después, cuando mi visita ya había pasado, recibí un correo solicitándome documentación adicional. Y años más tarde, este mismo mes enero, me llegó una sanción por haber circulado sin autorización.
Desde que recibí la sanción he intentado ponerme en contacto telefónicamente en numerosas ocasiones con Formentera.eco para aclarar lo ocurrido y solicitar las evidencias técnicas necesarias para poder defenderme legalmente, sin obtener respuesta alguna. De hecho, una trabajadora del propio Consell me indicó que desde Formentera.eco habían decidido no atender llamadas ni responder correos electrónicos, motivo por el cual ni siquiera llegué a enviar ningún email.
Como ciudadana, esto me coloca en una situación de absoluta indefensión. Me sancionan por haber seguido la indicación de un sistema oficial, pero al mismo tiempo se me impide acceder a la información que solo la propia Administración tiene y que necesito para ejercer mi derecho a recurrir. Debido a esta falta de información, me veo forzada a pagar la multa para no perder el derecho a la reducción, aunque hacerlo me deja sin posibilidad de defenderme plenamente.
¿Puede un ciudadano defenderse si el organismo que le sanciona no responde ni facilita explicaciones? Esa es la pregunta que me surge ante esta situación.
Entiendo y comparto la necesidad de regular la entrada de vehículos en la isla. Pero esa regulación debe ir acompañada de transparencia, canales de comunicación efectivos y un trato justo hacia quienes actuamos de buena fe. De lo contrario, la sensación que queda es que el sistema se limita a sancionar sin ofrecer espacios reales de escucha.
No escribo estas líneas solo por mi caso, sino porque creo que cualquier persona puede verse en esta situación. Y porque un sistema público no puede funcionar de espaldas a los ciudadanos a los que obliga a utilizarlo.
Miriam Riera Hevia
